Ley de Dependencia y 20-N: unificar la normativa, una decisión inaplazable

Entre los muchos temas de envergadura a los que deberá hacer frente el Gobierno resultante de las próximas elecciones del 20 de noviembre, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, será uno de los que, sin duda, deberá figurar en ese listado. El nuevo Ejecutivo tendrá que hacer balance de la implantación de una de las más importantes leyes de la anterior legislatura y, sobre todo, habrá de poner todo su énfasis en los aspectos de la misma que es improrrogable mejorar para conseguir su pleno y satisfactorio desarrollo.

La promulgación de la Ley de Dependencia era un paso imprescindible para la consolidar el Estado del Bienestar. A la vez, tan cierto como esa premisa, era el hecho de que su aplicación iba a ser un camino difícil, largo y complicado como así está resultando.

Asimismo, la ley suponía una magnífica oportunidad para disminuir las desigualdades territoriales que hay en España en materia de servicios sociales (hay un sistema por cada comunidad autónoma) y dar una respuesta eficaz, uniforme y profesional a las necesidades de los españoles en situación de dependencia, así como a sus familias creando un sistema único y universal para toda España. Sin embargo, un lustro después, ha ocurrido lo contrario, y nos encontramos que, a fecha de hoy, la Ley ha tenido un desarrollo normativo en cada comunidad autónoma dando lugar a 17 sistemas diferentes, cada uno de ellos con sus normativas propias, justo lo que se pretendía evitar.

Actualmente, existe una dispersión normativa, que está a años luz del objetivo de universalidad con que nació está norma, que contó con un fuerte y amplísimo consenso por parte de los principales partidos políticos.

Cada comunidad ha desarrollado la ley a su manera mediante la publicación de diversas normas locales y convenios de colaboración firmados con el Estado. La conclusión es la existencia de cerca de 600 normas distintas, como se puede comprobar de manera rápida y sencilla en la web puesta en marcha por la CECA y la Fundación Caser - www.normativadependencia.org- y que actualiza diariamente toda la legislación que se produce en esta materia.

Por ello, pensamos que el cambio de legislatura es un momento propicio para reconducir esta situación. Creo que es una magnífica oportunidad para que todos aquellos que estamos involucrados de lleno en el mundo de la Dependencia y vivimos de cerca día a día los problemas que genera este exceso de normas, hagamos una llamada de atención y pidamos al nuevo Ejecutivo que surja de las urnas que apunte esta cuestión entre sus prioridades y que, en colaboración con el Consejo Territorial del SAAD y todos los poderes públicos involucrados, unifiquen la normativa para que el derecho de igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones que ampara la ley sea una realidad. Sin menoscabar las legítimas competencias que puede y debe ejercer cada comunidad autónoma, es necesario establecer unos criterios comunes y unificar los requisitos mínimos a nivel nacional para que, al margen de la zona de España en que se viva, todas las personas con igual grado de dependencia reciban el mismo trato, servicio y atención.

La mayoría de los partidos políticos citan en sus programas el tema de la dependencia, me gustaría animarles a que, en ese sentido, dieran un paso más y e incluyeran esa unificación de normativas como un punto importante. Sólo así se podrán subsanar desigualdades y consolidar un Sistema Nacional de Dependencia que responda realmente al espíritu de la Ley que lo sustenta.