¿Quién le pone el cascabel al jabalí?

Hay una plaga que incordia a agricultores y propietarios de cotos en forma de bichos que pesan más de cien kilos y que arrasan con todo lo que encuentran a su paso: los jabalíes, una especie que se ha expandido por toda la Región y que se puede encontrar incluso en zonas costeras. Este poderoso ungulado se desplaza en grandes grupos que invaden zonas de cultivo, machacan nidos de perdices e incluso comen huevos y juveniles de tortuga mora. Por eso sorprende que la Comunidad Autónoma haya dejado de conceder permisos para la instalación de cajas-trampa, uno de los métodos de control más eficaces hasta la fecha. La Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), que agrupa a más de cien propietarios de fincas y titulares de cotos privados de caza en la Región, denunció ayer «el perjuicio causado por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia», a la que acusan de haber cambiado «las directrices para otorgar las autorizaciones de control selectivo».

Según ACUDE, tradicionalmente se concedía el permiso una vez logrado el visto bueno por parte de un agente medioambiental, y el titular de la finca o el coto se encargaba de instalar la trampa. Un procedimiento que se había revelado eficaz y operativo, y siempre con la supervisión de los agentes medioambientales, «por su condición de agentes de la autoridad y excelentes conocedores del medio, que analizaban sobre el terreno la realidad de los daños y valoraban la conveniencia del empleo del método, y que realizaban también el seguimiento y control de las cajas-trampa», señala ACUDE. «Con las nuevas normas, a partir de ahora los afectados tienen que solicitar al Servicio de Caza el control de los daños y este organismo envía a una empresa privada, que se encarga de instalar las cajas-trampa y carga a los particulares el coste. ¡E incluso se llevan el animal, que ya ni puedes comértelo!», se queja la presidenta de esta plataforma de propietarios, Pilar Sánchez. «No entiendo que durante tantos años hayamos estado controlando nosotros al jabalí, ahorrando dinero a la Administración, y que ahora cambien las normas para que tengamos que pagar a una empresa», añade.

Un portavoz de la Consejería de Presidencia aseguró ayer que las directrices siguen siendo las mismas y que oficialmente la situación no ha cambiado: «Contar con una empresa especializada es una opción, pero no obligatorio», insistió.

Los propietarios de fincas afectados, muchos de ellos de Lorca y Águilas, aseguran sin embargo que los agentes medioambientales alegan una «directriz interna» del Servicio de Caza, no plasmada aún en documento oficial alguno, para justificar la denegación de los permisos. «Hace tres semanas solicité al Servicio de Caza la nueva normativa y no me la han enviado», explicó ayer a 'La Verdad' Juan Luis Castanedo, portavoz de ACUDE.

«La proliferación incontrolada de las poblaciones de jabalí en la Región está produciendo importantes daños en fincas agrícolas y en cotos privados de caza menor por la destrucción de siembras, cosechas de almendra o de la flora silvestre y por la depredación directa sobre nidos de perdiz roja y de otras especies que crían en el suelo, como las cogujadas y totovías. Incluso se ha llegado a comprobar cómo estos animales han devorado tortugas moras recién nacidas y juveniles», alega ACUDE en el escrito enviado a la directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro.