La quiebra de la seguridad jurídica

Ni la presión de la Comisión Europea ni las negociaciones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados durante esta semana, encabezadas por el propio presidente Valcárcel, pudieron impedir ayer el mantenimiento del recorte de primas al sector fotovoltaico, una decisión política que afecta negativamente a veinte mil productores de la Región de Murcia. El Grupo Parlamentario Socialista rechazó una enmienda aprobada en el Senado y salvó 'in extremis' un recorte de carácter retroactivo que amenaza a cincuenta mil instalaciones de todo el país. De nuevo han sido los nacionalistas de CiU y PNV quienes han inclinado la balanza, votando sorprendentemente en contra de una enmienda que ambos grupos apoyaron en el Senado, sólo una hora después de reunirse con el ministro de Industria en el Parlamento. La promesa por parte de Miguel Sebastián de que se abrirá una negociación con el sector fotovoltaico habría vencido los recelos de CiU, que deberá explicar ahora a los productores catalanes su errática posición en un asunto de especial calado porque, además del elevado perjuicio para un colectivo ya castigado por la crisis, está en juego el principio de seguridad jurídica.

Por activa y por pasiva, la Comisión Europea se lo viene advirtiendo al Gobierno central: el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables crea «inseguridad» sobre las inversiones en este campo. Y no sólo en España sino en toda la UE. Un grupo de inversores, representados por el despacho internacional Allen & Overy, ya ha solicitado una indemnización al Gobierno español después de haber realizado inversiones por valor de 2.875 millones de euros en proyectos fotovoltaicos en España. Miguel Sebastián se erige en verdugo de una burbuja fotovoltaica que ha estallado con la crisis económica y a la que contribuyó el propio Gobierno central primando con una generosidad inusitada la producción de energía fotovoltaica. Esas apetitosas subvenciones actuaron como un canto de sirena para grandes empresas del sector eléctrico pero también para numerosos pequeños productores, muchos de ellos agricultores de la Región de Murcia.

El pasado miércoles, el ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, expuso claramente las raíces del problema durante su visita a Murcia. Por una decisión política, dijo Pizarro, se subvencionó la energía fotovoltaica con más de 2.000 millones, pese a que el coste de esa energía era de 230 euros por megawatio frente a los 6 que, por ejemplo, cuesta la hidráulica. Ahora no hay dinero en la caja. Sólo un colosal déficit del sector eléctrico (20.000 millones) al que han contribuido las millonarias subvenciones a las renovables. Muchas de las potentes empresas que apostaron por esas energías han sido capaces de conquistar el mercado exterior, pero los pequeños productores de la Región de Murcia se han quedado colgados de la brocha y sin ninguna garantía de que podrán recuperar su inversión.

En este proceso de reordenación del sistema eléctrico no ha habido para los agricultores murcianos una excepcionalidad de la que sí se han beneficiado los mineros con el mecanismo creado por el Gobierno de Zapatero para proteger el carbón nacional. Este constante cambio de las reglas del juego, del que podrían quejarse también los hosteleros que invirtieron para que sus clientes pudieran fumar en bares y restaurantes, genera incertidumbre en los empresarios y desconcierta al conjunto de los ciudadanos. Es cierto que la crisis financiera ha obligado a todos los gobiernos a replantearse los principios de sus políticas económicas desde que en mayo pasado saltaran las alarmas en la UE, pero los vaivenes normativos en numerosos ámbitos de la economía española, desde la reordenación de las entidades financieras, la política energética o el control del déficit de las comunidades autónomas, están generando más conflictos de los necesarios, aumentando la desconfianza internacional en el rumbo de nuestro país. El ministro Sebastián debe cumplir ahora con su compromiso con el sector fotovoltaico para encontrar soluciones que eviten un daño irreparable. De lo contrario dejará en evidencia, ante miles de familias, a los grupos parlamentarios que ayer mantuvieron el polémico recorte.