Más de 4.000 inversores se verán afectados por los recortes en energía solar

Más de 4.000 inversores, en su mayoría agricultores y pequeños ahorradores se verán afectados por la nueva normativa sobre la producción de energía fotovoltaica. En la actualidad, según los datos ofrecidos ayer por el concejal de Urbanismo, Francisco García, y el de Medio Ambiente, Melchor Morales, en el municipio lorquino existen, o por lo menos se les concedió la correspondiente licencia, 67 huertos solares, y otras 127 peticiones están en fase de tramitación. Estas últimas, en su mayoría son de las que prevén instalar las placas solares en cubiertas y tejados.

García Y Morales plantearon, como anticipo a la moción que el PP presentará el próximo lunes en el Pleno de febrero, que «el tope de horas a facturar se fija en la nueva normativa en 1.250, un 30% menos que en la actualidad. Esto implicará unas pérdidas de 87 millones de euros y pondrá en peligro 500 puestos de trabajo».

Los ediles destacaron la condiciones inmejorables del término lorquino para servir de base a instalaciones fotovoltaicas, tanto por la extensión del territorio como por las horas de sol. También recordaron que algunas de las explotaciones en marcha han sido promovidas por asociaciones agrarias que agrupan a cientos de inversores, pequeños agricultores que esperan completar su pensión con esas aportaciones provenientes de la energía solar.

Igualmente recordaron que la semana pasada el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se reunió con la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (AMPER) y se comprometió a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto estatal. En consecuencia, esta moción anticipada busca instar la Gobierno de España a dejar sin efecto el Decreto Ley 14/2010 y, al mismo tiempo, manifestar el apoyo de la corporación a la iniciativa del Gobierno regional de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Otro punto del acuerdo que se presenta señala que la nueva normativa que regula el sector de la energía solar en España debe cumplir con la comunitaria específica para este sector, pues el Gobierno español debe asegurar que toda reforma garantice a los inversores unas condiciones estables, evitando cambios retroactivos de las condiciones establecidas.