El Gobierno regional niega que peligren más de 7.700 puestos de interinos

Las interpretaciones no pueden ser más dispares. Trabajar una hora y media más a la semana no ocasionará ningún cese o despido entre los miles de interinos de la Administración regional, según ha subrayado la Consejería de Presidencia. Los sindicatos no firmantes del acuerdo apuntan lo contrario y sostienen, como hizo ayer el secretario general de CC OO, Daniel Bueno, que en un mes se han perdido 750 empleos públicos en la sanidad.

A preguntas de 'La Verdad', dicha Consejería ha recalcado que los interinos no serán los perjudicados por esta medida que ha supuesto el punto de ruptura entre el autodenomina Comité de Resistencia (CC OO, UGT y Sterm) y el Gobierno regional. Los interinos de la Comunidad Autónoma suman actualmente 7.700 trabajadores, que se incluyen dentro del cómputo total de 54.000 funcionarios y empleados públicos. Se trata de asalariados que ocupan plazas vacantes de diversa índole. En este número no está incluidos los interinos que cubren sustituciones de bajas por enfermedad, que varían de un día para otro, señalan desde Presidencia.

En el área de personal de Administración y Servicios hay actualmente 1.200 interinos; mientras que en la de educación son 1.800. El mayor número corresponde al Servicio Murciano de Salud, con 4.700 interinos. En total, estos trabajadores ocupan más del 15% de la plantilla de la Comunidad.

«Insistimos en el mensaje de que no se van a producir ceses de interinos por la aplicación de la jornada laboral de 36,5 horas semanales. Sus puestos no peligran», recalcó ayer la Consejería. Explica que el número de interinos ha aumentado a lo largo de los años. En ello influye que haya o no ofertas de empleo público, que está sujeta a lo que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que limita el número de plazas que todas las administraciones.

Carta de Salgado

Mientras que el Gobierno regional está decidido a aprobar la semana que viene la reforma del 'tijeretazo' en medio de la división sindical, la Consejería de Hacienda está a la espera de que se autorice la refinanciación de deuda a corto y largo plazo. La consejera Inmaculada García espera un trato similar al de Cataluña y ha expresado su deseo de que «más pronto que tarde se nos autorice, por lo menos, la refinanciación del corto plazo, y que no se produzca ninguna discriminación». En concreto, la cantidad que se pide es de 345 millones, donde se incluye el préstamos puente que ya se ha firmado, y 91,2 millones pendientes para el último trimestre de este año. Para deuda nueva se quieren conseguir 500 millones de euros.

No obstante, y según ha podido saber este diario, el Gobierno regional ya tiene la respuesta desde el pasado día 9, a través de una carta que le envió la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, al presidente Ramón Luis Valcárcel, en la que le indica que el Gobierno regional puede refinanciar los vencimientos de deuda vieja. «La renovación de la deuda a su vencimiento no supone aumento del saldo de la deuda viva de una Comunidad Autónoma ni afecta a su déficit. Por esta razón los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera permiten refinanciar los vencimientos de deuda y así se ha venido haciendo, siempre y cuando la deuda de la Comunidad se sitúe dentro de su techo de endeudamiento. Permíteme recordarte que, de hecho, en 2010, las 17 comunidades autónomas, incluida la tuya, hicieron uso de esa posibilidad», señala Salgado en su misiva.

La ministra envió la carta a raíz de la polémica reunión de Artur Mas con Rodríguez Zapatero, para asegurarle a Valcárcel que no habrá trato de favor a Cataluña y que las autorizaciones para endeudarse (deuda nueva) necesitan la aprobación del Consejo de Política Fiscal. «En la actualidad, el Ministerio ha recibido planes de reequilibrio de las 15 comunidades que debían presentarlos, las cuales se están examinando. No será hasta que cada uno de estos se apruebe individualmente cuando se puedan autorizar nuevas emisiones de deuda»», indica la vicepresidenta, que no da fechas para conceder tal permiso y que termina diciendo que «no habrá excepciones».

Rodríguez Zapatero advirtió ayer a la Generalitat de Cataluña de que deberá cumplir su plan de reducción del déficit y ha asegurado que no va a revisar «cada cuatro días» el sistema de financiación autonómica.