La UCAM ayuda a colegiarse por la 'vía rápida' a casi 1.400 abogados italianos

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) vuelve a demostrar su capacidad para aprovechar las oportunidades de negocio que también puede brindar la educación. Las nuevas leyes que ha adoptado la Unión Europea para el ejercicio de la abogacía, que obligan a los licenciados en Derecho a superar una dura prueba denominada 'examen de Estado' para poder ejercer la profesión (al estilo del MIR que tienen que aprobar los médicos), han abierto un filón en el Monasterio de Los Jerónimos que se lleva explotando desde hace más de un año y medio.

Esas leyes de acceso, un verdadero obstáculo para muchas personas, disfrutan en España de una moratoria que se extiende hasta octubre de este año, lo que supone que, mientras tanto, en nuestro país basta con seguir los trámites habituales para poder ejercer como letrado. Es decir, aprobar la carrera e inscribirse en un colegio oficial de abogados con el título, el DNI y los papeles pertinentes de Hacienda y la Seguridad Social. Poco más. Un panorama muy jugoso para aquellos licenciados en Derecho italianos u otras nacionalidades que, por diferentes motivos, no pueden superar ese examen de Estado en su país de origen. Además, el desarrollo de la prueba atraviesa ciertos baches legales en el parlamento italiano que obliga a muchos abogados a sacarse las castañas del fuego. Una oportunidad de oro para que muchos extranjeros puedan sacar partido del vacío de la ley de acceso española y ahorrarse así mucho tiempo y mucho papeleo.

Aquí es donde entra en juego la vista de halcón empresarial de la UCAM. La universidad capitaneada por José Luis Mendoza, siguiendo los parámetros de la orden del Ministerio por la que se establecen los criterios para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, comenzó en el año 2009 a sacar provecho de la situación, al igual que otras universidades españolas que también ofrecen los mismos cursos. Para ello, la Universidad Católica firmó un convenio con la empresa Iuris Consult, que se encarga de captar a posibles clientes en Italia, a los que se les ofrece la posibilidad de conseguir la homologación del título tras superar un curso tutorizado 'on-line' de seis meses y unos exámenes tipo test que se deben realizar en Murcia o en la universidad que el alumno elija entre las muchas que ofrece el Ministerio de Educación para realizar los cursos necesarios.

El papel de la UCAM es meramente formativo, ya que quien debe homologar el título es el Ministerio y, posteriormente, los alumnos deben colegiarse en algún colegio oficial de abogados si desean ejercer su profesión en España o algún país extranjero. El precio de la matrícula íntegra en la UCAM, que da derecho a cursar las 10 asignaturas necesarias para la homologación del título por parte del Ministerio y a presentarse a tres convocatorias de examen y a una cuarta «de gracia» si se suspenden las anteriores, cuesta alrededor de 3.000 euros, según la información facilitada por la Universidad Católica.

Un acierto... económico

El acierto de la UCAM queda reflejado en las cifras que obran en poder del Ministerio de Educación, y es que de los 4.000 abogados italianos que solicitaron el año pasado la homologación del título en el Ministerio, 1.388 lo hicieron a través de los cursos de la Católica, lo que representa más del 37% del conjunto nacional. En términos económicos, ese acierto es máximo, ya que supone alrededor de cuatro millones de euros de ingresos para las arcas de la Universidad Católica San Antonio, en el caso de que esos 1.388 alumnos hubieran cogido todas las asignaturas. Una cantidad nada desdeñable en los tiempos que corren. Según el director del Departamento de Derecho y vicedecano de la Facultad, Francisco de la Torre, «muchos de ellos cogen sólo algunas porque el resto de las asignaturas ya las han cursado en otras universidades», por lo que la cantidad global podría ser algo inferior.

Según la orden del Ministerio, la homologación del título extranjero queda condicionada a la superación de unos requisitos formativos complementarios. Es decir, que la UCAM prepara a los alumnos en materias relacionadas con el derecho español. La duración del curso 'on-line', por lo general de seis meses, incluye material específico, videoconferencias, chats, tutorías presenciales (para las que los alumnos viajan a Murcia unas semanas antes del examen) y un buen número de servicios que hacen de la oferta un pastel muy apetecible para estos alumnos extranjeros que se encuentran 'sin salida' en su país.

Después del curso, los alumnos se desplazan a Murcia un fin de semana y realizan los exámenes, que consisten en 20 preguntas tipo test por materia, a resolver en 30 minutos, todo ello supervisado por los tutores y profesores del curso, como destacó Francisco de la Torre. Si aprueban, los futuros abogados en ejercicio ya pueden recibir el certificado del Ministerio de Educación en el que se especifica que su título queda homologado al haber recibido esos «complementos formativos necesarios».

El papel de los colegios

Con el certificado en la mano, los abogados -de todas las edades, según De la Torre-, acuden a los colegios españoles para dar el último paso en su carrera para el ejercicio profesional. Una carrera por la 'vía rápida', teniendo en cuenta el calvario de tiempo y papeles que deberían haber atravesado en su país si se hubiera seguido la vía tradicional. El Colegio Oficial de Abogados de Murcia no ha notado un aumento considerable de colegiados italianos, según fuentes del organismo. En Lorca sí han visto más abogados italianos de lo habitual en los últimos meses, aunque desde la UCAM niegan tajantemente que el convenio que firmaron hace tiempo con el colegio lorquino tenga algo que ver con los cursos tutelados. «Se han colegiado en muchas zonas de España. Si alguien relaciona eso, es gente muy malintencionada. Van a hacer daño», sentenció De la Torre.