Los regantes piden que no se les cobren cuotas anuladas por el juez

La Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes del Heredamiento de Molina de Segura ha manifestado su «más enérgica repulsa a la situación de asedio permanente en la que viven los agricultores de la comunidad de regantes». El último acontecimiento que ha soliviantado los ánimos de los comuneros es la firma de un convenio -el pasado 1 de febrero- entre el Heredamiento Regante y la Agencia Regional de Recaudación para cobrar «las mismas cuotas que ya han sido anuladas por diversas resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Segura y cuyos embargos practicados en julio de 2010 fueron anulados por orden judicial», señala la asociación.

Sin embargo, hace una semana la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, explicó, tras firmar el convenio, que el próximo año «la Agencia gestionaría la cantidad de 2.500.000 euros, que corresponden a las cuotas de sus socios y demás conceptos que deban percibir».

Con el fin de informar «adecuadamente» a Inmaculada García sobre estas circunstancias, a los efectos de evitar el envío masivo de notificaciones reclamando «cuotas indebidas», la asociación ha solicitado copia del convenio firmado y una entrevista con la consejera. Además, esta asociación ha convocado una concentración en la plaza de la Cerámica de Molina de Segura para el próximo viernes, 11 de febrero, a las 9:30 de la mañana, con el objeto de expresar su repulsa a la situación actual que se vive en el Heredamiento y pedir «una restauración inmediata del orden y de los órganos de gobierno libremente elegidos por sus legítimos propietarios».

De 12 a 52 millones

El asunto central de la disputa que enfrenta a los agricultores con sus dirigentes gira en torno a un Plan de Modernización de Regadíos (PMR) que se inició en el año 1996, del que se aprobó la firma de un convenio con la empresa estatal SEIASA para la ejecución de obras por valor máximo de 12 millones de euros, y que en la actualidad se ha transformado en un grupo de proyectos valorados en 52 millones de euros. En poco más de 6 años se ha pasado de un acuerdo asambleario en el que los agricultores debían financiar 2,7 millones de euros para realizar el PMR a una situación en la que se les exige financiar un total de 30 millones de euros.

Ante esta situación, el colectivo ha interpuesto diversas denuncias contra sus dirigentes, a la vez que se ha negado a pagar aquellas derramas que no reúnen las condiciones legalmente establecidas, rechazando además la aprobación de nuevas cuotas, lo que ha conducido a un progresivo agotamiento de los fondos disponibles en las cuentas bancarias del Heredamiento, así como ha motivado la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de los plazos correspondientes a los préstamos que el Sindicato de Riegos, sin consentimiento de la Asamblea, solicitó en su día ante las entidades bancarias.

«Más que una comunidad de regantes, los miembros de este órgano de gobierno creen estar dirigiendo su propia empresa», agrega el comunicado de la asociación.