Condenan al derribo al último edificio industrial en la ciudad

El derribo parece que será el inexorable destino final de las naves industriales de la que fue la primera 'fábrica' de electricidad de Lorca, situada en la Alameda de Menchirón. El proyecto de la Fundación Poncemar, actual propietaria de este inmueble y la zona circundante, incluye la desaparición de las dos naves, que se construyeron a principios del siglo XX. Junto a ellas existe una chimenea, que sí está previsto conservar.

Las naves, con puerta principal a la Alameda de Menchirón, posiblemente fueron erigidas en 1906 y tienen los rasgos característicos de la arquitectura fabril de aquella época, con su carácter funcional, muros de mampostería enfoscada, gran amplitud, abundantes huecos en sus fachadas y sencilla ornamentación con remates de ventanas y puertas con recercados de ladrillo.

La investigadora Concepción Lidón, indica que se trata de «una construcción modernista con elementos constructivos muy delicados y elaborados y un pararrayos muy particular que la convierten en un diseño único en toda la Región y alrededores».

Aunque el proyecto del complejo residencial para esa zona ya está aprobado por Urbanismo, la ralentización que sufre su realización, entre otros motivos por el retraso en encontrar una solución para la plaza de abastos, anima a ciertos colectivos ciudadanos a confiar en que se pueda replantear una solución para conservar las naves y convertirlas en un museo industrial.

El Ayuntamiento, en el año 1886, se planteó establecer en la ciudad alumbrado eléctrico en sustitución del alumbrado de gas empleado hasta entonces. Tras diversos intentos, en 1897 se presentó un proyecto de un importante hombre de negocios suizo. En 1898 se firmó el contrato entre una empresa y el Ayuntamiento, y en noviembre de ese año comenzaron los trabajos para establecer las instalaciones requeridas y producir energía eléctrica, una de las primeras de España. Al año siguiente se creó la Sociedad General de Centrales Eléctricas, con sede en Bilbao, que sería desde entonces la concesionaria del servicio.

El primer contrato, modificado con posterioridad, tenía una vigencia de 30 años, y en su cláusula sexta señalaba que «queda subsistente la autorización concedida a la empresa para situar la fábrica productora de la luz dentro del casco de la población». El alumbrado público fue inaugurado oficialmente en junio de 1900 y convirtió a Lorca en una de las ciudades mejor iluminadas de entonces.

La fábrica se instaló en un solar de la alameda de Menchirón, entre la estación de ferrocarril de Lorca-Sutullena y la entonces alameda de Espartero, zona de expansión de la ciudad y en la que desde su apertura en los años 70 del siglo XIX se había ido estableciendo la burguesía lorquina.

Tres máquinas de vapor

La fábrica para el suministro del alumbrado eléctrico, en un principio, incluyó tres máquinas de vapor que accionaban tres dinamos de corriente continua de 100 kilovatios cada una, pronto se quedó pequeña ante la demanda de energía para la industria.

En 1917 esta empresa fue adquirida por la Sociedad Electra de Lorca, propiedad del duque del Infantado, dueño a su vez del pantano de Puentes. Era su propósito incorporar a esta fábrica la energía producida en el salto de agua de pie de presa de ese embalse, idea que no logró plenamente su objetivo por la falta de reservas de agua, dada la escasez de lluvias.

En el año 1930 la Sociedad Electra de Lorca fue adquirida por Juan Antonio Martínez López, que realizó algunas mejoras, pero tuvo que hacer frente a un largo litigio fallado por el Tribunal Supremo después de la guerra civil en favor del duque del Infantado. Mientras se resolvió el litigio judicial la empresa siguió funcionando.

La última central eléctrica instalada allí fue la Sociedad Hidroeléctrica El Chorro entre 1954 y 1959, usándose desde ese momento el espacio y estructuras existentes para otros fines industriales hasta 1980.

El mencionado proyecto de reconversión de toda la zona, impulsado por la Fundación Poncemar, prevé unos edificios para viviendas que no afectan a la ubicación de las naves, y la creación de una plaza pública de unos 6.000 metros cuadrados con un aparcamiento subterráneo de varias plantas. Las dos naves condenadas ocupan una superficie en torno a los 800 metros cuadrados.