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M. B. B.
Jueves, 23 de diciembre 2010, 01:42
El número de liberados sindicales de la Administración regional se verá reducido aproximadamente en un 30% en aplicación de la proposición de ley de medidas extraordinarias que se aprobará hoy en la Asamblea Regional, según recoge el artículo 7 de la nueva norma. Es otra de las medidas que se suman a las ya conocidas sobre la profunda reestructuración en la Comunidad Autónoma para conseguir ese ahorro de 300 millones de euros necesarios para sostener las finanzas públicas.
La proposición de ley se ajusta a la ley básica e «indica que las organizaciones a las que pertenezcan los representante sindicales dispondrán de plazo hasta el 28 de febrero para comunicar a las direcciones generales competentes en materia de personal de los sectores de educación, administración y servicios y sanidad, las personas que deban cesar en el ejercicio de crédito horario para el desarrollo de actividad sindical o a las que se debe reducir el número de horas destinadas a tal fin. «Una vez transcurrido ese plazo, y en el caso de que no se hubiera acometido tal medida por los sindicatos, la Administración llevará a afecto las revocaciones de las liberaciones sindicales que resulten precisas».
Los liberados sindicales que tendrán prioridad serán los miembros de la junta de personal, del Comité de Empresa o delegados de sección sindical.
Como se sabe, la proposición de ley afecta a los 55.000 funcionarios y trabajadores de la Comunidad Autónoma, que deberán trabajar más horas a la semana y muchos de ellos sufrirán un recorte de los complementos que venían percibiendo. En el caso del personal sanitario, el pago de las guardia y turnos se reduce un 10%.
Hoy, más protestas
Los seis sindicatos con mayor representación en la Comunidad Autónoma, CSIF, Sterm, Anpe, Satse, UGT y CC OO, tienen previsto llevar a cabo hoy un segundo acto de protesta. Se concentrarán a las nueve de la mañana ante la Asamblea Regional, en Cartagena, para impedir «que los diputados accedan a votar la ley de recortes», como la denomina UGT, en el Pleno que debe iniciarse a las diez y media.
Las principales medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas que incluye la proposición de ley del PP pasan por la suspensión temporal de los acuerdos de reducción de jornada de los funcionarios y la revisión del régimen retributivo de los trabajadores de educación y sanidad.
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