Morales agota sus cartas para tratar de eludir la «pena de banquillo»

Es su última bala. O los magistrados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia le dan la razón y anulan la mayor parte de las pruebas existentes en su contra, o el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, acabará sentado en el banquillo como acusado del primer asunto de supuesta corrupción destapado en la Región: el 'caso Tótem'.

José María Caballero, abogado del parlamentario, insiste en las alegaciones de su recurso de apelación en que el material probatorio contra su cliente no tiene validez legal alguna, toda vez que tendría su origen en una intervención telefónica que ya la Sala anuló en meses pasados por considerar que el pinchazo no tenía base legal. Y ello por haber sido ordenado por la juez de Instrucción número 1 de Totana, que no era competente para adoptar ese tipo de medida, restrictiva de los derechos fundamentales de una persona que, por su condición de diputado, disfruta de un fuero especial.

Ahora, el letrado vuelve a echar mano de la doctrina de los 'frutos del árbol envenenado', que establece que todas las pruebas derivadas de otra prueba obtenida ilegalmente están igualmente contaminadas y, por ello, deben ser consideradas nulas a todos los efectos.

En su recurso ante la Sala, Caballero Salinas discrepa del argumento del magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, quien defiende que, en última instancia, debe ser el tribunal juzgador quien decida sobre la validez de las pruebas puestas en cuestión. Una postura que, en la práctica, y en opinión del abogado defensor, lo que supone es que el juicio acabará por celebrarse y su cliente se verá sometido «a una pena de banquillo» contra la que ya se han pronunciado personalidades del Derecho como Enrique Ruiz Vadillo, quien fue presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, desde 1995, magistrado del Tribunal Constitucional. «Ruiz Vadillo, recuerda el letrado, propugna una pronta resolución en el procedimiento de aquellas circunstancias que pudieran afectar a la licitud de las pruebas a fin de evitar, si fuera posible, el sometimiento a un innecesario juicio».

De ahí que critique el auto dictado por Pérez-Templado el pasado 22 de noviembre, «del que parece desprenderse que lo importante es que el juicio se celebre y, por supuesto, contra todos los imputados, como si ello constituyese una meta en sí misma; interpretación, por razones obvias, sobre la que esta parte no puede sino manifestar sus discrepancias».

Pruebas «a anular»

La defensa de Morales insiste en que deben ser anuladas pruebas 'validadas' por el magistrado instructor y a las que éste se refiere como «los manejos inmobiliarios de Morales y sus contactos con Inmonuar (la promotora que pretendía construir unas 4.000 viviendas y un hotel en Totana) y su propietario Núñez; las intervenciones, registros y escuchas que se han practicado en las personas de María del Carmen Jordán (ex esposa de Morales) y Juan Antonio Álvarez Moreno; de Nubia Inversiones y Joaquín Cánovas», así como las pruebas obtenidas en el registro del domicilio que ocupaban Morales y su novia, la brasileña Vaneide Freita; la intervención telefónica de Pablo Maceira, y, lo es especialmente importante, la grabación del viaje a Vigo que Morales realizó, en octubre del 2007, con el supuesto fin de negociar con el promotor Núñez Arias el pago de una comisión de 3,6 millones de euros.

Todo ello, en opinión de Caballero Salinas, está viciado en su origen por la ilicitud del pinchazo telefónico realizado a Juan Morales y, en consecuencia, las pruebas deberían anularse y decretarse el sobreseimiento de la causa contra su cliente.

Si el recurso no prospera, Morales se verá abocado a sentarse en el banquillo en meses próximos. A día de hoy sigue imputado en una docena de delitos, como los de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación o blanqueo.