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GUILLERMO HERMIDA
Domingo, 5 de diciembre 2010, 11:35
«Hecha la ley, hecha la trampa», reza el refrán. Y una de las más corrientes suele ser -dentro del mundo de los contratos con las administraciones públicas- la de dividir para vencer. Es decir, para poder adjudicar 'a dedo' contratos -de menos de 18.000 euros- que de otra forma tendrían que salir a concurso público y requerir luz y taquígrafos. Los auditores que han repasado los últimos siete años del Festival del Cante de las Minas han contabilizado hasta siete vulneraciones de la Ley de Contratos del Sector Público, pero han destacado dos de ellas, ambas en 2006, por encima de todas. Como publicó ayer 'La Verdad', la auditoría no encuentra los ingresos de taquilla del certamen unionense del año 2006.
Las otras irregularidades detectadas son los contratos para la publicidad del festival y la edición de programas, carteles, revistas y otro material impreso. En el primero de los casos, los auditores revelan que el proveedor «emite dos facturas, con la misma fecha, 14 de julio» y con números correlativos «que en su conjunto superan el límite de los 18.000 euros». En una de las facturas, el proveedor liquida la publicidad en radio y en la otra, la destinada a prensa escrita y televisión.
En el segundo de los casos, otro proveedor vuelve a emitir dos facturas también con numeración correlativa y la misma fecha de expedición para evitar que superen los 18.000 euros los conceptos de impresión de programas, carteles y revistas. La auditoría no especifica los conceptos presentes en ambas facturas.
El documento -que ya obra en poder del Ayuntamiento de La Unión- señala que existe «una presunta intención de eludir el deber de aplicación de la Ley de Contratos» y que para ello se «utilizan procedimientos, en dos ocasiones distintas, que no estimamos correctos y cuya posible explicación es, precisamente, la de eludir la obligación de aplicar la Ley de Contratos».
Problemas de facturación
Asimismo, la auditoría pone reparos a varias facturas justificantes de gastos que ascienden en total a 133.716 euros, todas en el periodo entre 2005 y 2007, bajo el mandato del ex alcalde socialista Manuel Sanes. En concreto, los auditores señalan que se emitieron facturas sin el NIF o el CIF identificativo (dos por valor de 17.097 euros), sin número (tres por 33.198 euros), sin autorizar por el concejal correspondiente (por importe de 56.535 euros) o sencillamente por conceptos incorrectos (5.021 euros). También señala que se cargaron gastos a ejercicios diferentes del que se presupuestaba por valor de 28.886 euros o que había 11.196 euros que no correspondía claramente a gastos achacables a la organización y funcionamiento del festival.
16 habitaciones para 67
El ojo de los auditores también se posa sobre una liquidación de gastos del año 2005 con el epígrafe de 'Gastos viaje a Valladolid, pruebas selectivas Festival y Jornadas Flamencas'. Les resulta extraño que se cargaran gastos -sobre todo comidas en restaurantes de la capital del Pisuerga- con hasta cinco días de antelación a la celebración de las pruebas; o que un mismo día, el uno de julio, existan hasta tres facturas de restaurantes -dos en Valladolid y otra en Arévalo, en la provincia de Ávila- para quince comensales. También destacan la presentación de dos facturas de combustible -una de gasolina y otra de gasóil- el mismo día y a la misma hora.
Otro de los puntos destacados en el informe auditor son las justificaciones de gasto en 2006 -el mismo año en el que no se constataron ingresos por venta en taquilla de entradas- por una factura de alojamiento. En concreto, el monto asciende a 4.931 euros, y se corresponde con una factura de un restaurante y hostería, de fecha 23 de agosto, cuyo concepto es «67 habitaciones dobles con desayuno». Todo eso teniendo en cuenta que el número de habitaciones del citado establecimiento hotelero es de 16.
Los auditores destacan que «aunque hay un solo pago, existe otra factura con el mismo número y fecha con el concepto 'Alojamiento convenido', y que en ambas no se especifican fechas de entrada, salida, personas que estuvieron alojadas «ni ningún dato que permita identificar quiénes y cuántas personas estuvieron hospedadas y durante qué periodo».
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