La CHS certifica el vacío de poder existente en el Sindicato de Riegos

La Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes del Heredamiento de Molina, en nombre de sus 1.750 asociados, ha dirigido un escrito a la delegada regional de Acuamed, María Dolores Ortuño Gutiérrez, en el que demanda la «inmediata paralización» de las obras del Plan de Modernización de Regadíos (PMR) y pide que se abra un proceso de consultas con sus futuros usuarios. La asociación, que agrupa al sector crítico de los regantes enfrentados a la directiva del Sindicato de Riegos, reclama que se someta a la ratificación de los comuneros los acuerdos que han sido tomados en su nombre, «pero sin su conocimiento ni consentimiento».

En el escrito, los regantes aducen que el convenio por el que se ejecuta el PMR «es a todas luces ilegal» porque el Sindicato de Riegos o Junta Directiva no tiene competencias para la aprobación de dicho convenio, ya que el proyecto no cuenta con el visto bueno de la asamblea de todos los comuneros.

Los argumentos de los regantes críticos están apoyados, en gran medida, por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En una resolución, con fecha del pasado 17 de septiembre, la CHS admite a trámite y estima un recurso de alzada presentado por los comuneros en el que impugnan los acuerdos adoptados en los Juntamentos celebrados el pasado 8 de mayo. El organismo de cuenca pone de manifiesto que «la insistencia del Sindicato de Riegos en adoptar acuerdos para los que carece de competencia, por ser ésta del Juntamento, no lleva sino a una situación de inoperancia de la Comunidad de Regantes».

En dicha resolución, que también obra en poder de este periódico, se alude a «los perjudiciales efectos que se derivan de esta situación y que podrían conllevar, incluso, la pérdida de subvenciones o ayudas para llevar a efecto el PMR».

No obstante, en la resolución firmada por el jefe de servicio de la Secretaría General, Juan Manuel González, se hace constar que la CHS es competente para dilucidar la conformidad o no a derecho de los acuerdos adoptados por el Juntamento y el Sindicato de Riegos, pero no puede entrar en el fondo del asunto porque la gestión del PMR corresponde a la Comunidad Autónoma y a la sociedad estatal SEIASA, y su ejecución a la Comunidad de Regantes.

Abonar las derramas

Lo que sí deja claro la CHS es que las correspondientes derramas para la ejecución del PMR son de obligado abono por los comuneros, «siempre y cuando los acuerdos en los que se determinan esas derramas hayan sido correctamente adoptados por el órgano competente y siguiendo el procedimiento legalmente exigido». El presidente y el secretario de la referida asociación. Fulgencio Fernández y Juan Alcaide, respectivamente, como firmantes del escrito dirigido a Acuamed, dejan constancia de la resolución de la CHS, en la que también queda patente que, a fecha de hoy, «no existe junta directiva legalmente constituida en esta comunidad de regantes».

La resolución -en la que se cuestiona la legalidad de otros acuerdos adoptados por la directiva del Sindicato de Riegos- pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.