Un auto judicial paraliza los embargos del Heredamiento de Regantes

Los regantes del Heredamiento de Molina de Segura han vivido «con extrema perplejidad e indignación» el último episodio protagonizado por su Junta directiva, que ha llevado al embargo de numerosas cuentas bancarias a causa de la conocida derrama de 300 euros por tahúlla que el Sindicato pretende cobrar «mientras oculta las cuentas que en reiteradas ocasiones se han solicitado por diversos regantes, evitando así justificar el destino de esos casi 5 millones de euros que intenta recaudar», según indica la Asociación de Defensa de los Regantes. Los embargos han sido suspendidos de forma cautelar por un auto del juzgado que instruye la causa abierta en octubre de 2009 a raíz de la denuncia interpuesta por la asociación.

El Sindicato de Riegos del Heredamiento Regante de Molina de Segura publicó el pasado 12 de marzo de 2010 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia un anuncio por el que se acordaba la emisión de una derrama de 300 euros por tahúlla, aprobada por el mismo Sindicato y no por el Juntamento, «vulnerando» así las Ordenanzas de la comunidad, como el propio secretario del Heredamiento indicó en el juzgado. Dicho acuerdo fue recurrido en su día en la Confederación Hidrográfica del Segura, de la que los regantes esperan una resolución favorable en breve.

«Falsedad documental»

La asociación de regantes señala que «resulta más desconcertante en este desaguisado del Sindicato de riegos» que se hayan iniciado los procedimientos de apremio el pasado mes de octubre de 2009 y se haya publicado el acuerdo de esa derrama con posterioridad, el pasado 12 de marzo de 2010, pues se trata de la misma derrama en ambos casos, según declaraciones del secretario del Heredamiento que reproduce la asociación. Según este colectivo, el secretario reconoce haber firmado hasta un total de 2.211 certificados de deuda con anterioridad a la publicación de dicho acuerdo. Para la asociación queda patente una «evidente falsedad documental», motivada adicionalmente por la falta de acuerdo de la Asamblea sobre esa derrama y la falta de notificación en periodo voluntario de las deudas reclamadas a su deudores, entre otras razones.

Todos estos indicios han motivado, esta semana, una ampliación de la denuncia que en octubre de 2009 fue interpuesta y que ha conducido a un auto judicial por el que se dicta la suspensión cautelar de los embargos bancarios.