La remisión de parte del 'caso Brugal' a Cieza apunta a ramificaciones del asunto en la Región

El denominado 'caso Brugal', que comenzó ligado a la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela y dio un salto cualitativo, hasta la Diputación de Alicante, con motivo de la concesión de un plan de residuos para la Vega Baja, lleva camino de convertirse en un coloso judicial. Cada vez se parece más a una granada de fragmentación, que amenaza con llevarse a unos cuantos ayuntamientos por delante, además de otros organismos públicos. Las pesquisas apuntan a que puede haber más de 30 nuevas imputaciones, entre ellas las de algunos políticos que gozan de la condición de aforados por ser diputados autonómicos y nacionales, según se apunta en ámbitos policiales y de la Fiscalía.

Si se confirmaran esas situaciones de aforamiento, 'Brugal' cobraría una dimensión insospechada, ya que implicaría el traslado, como mínimo, de una parte de las indagaciones a órganos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) y del Tribunal Supremo, según competa.

Por el momento, lo que ha hecho el juez instructor de Orihuela, Carlos San Martín, es remitir nueve partes distintas del sumario a otros tantos órganos judiciales, por considerar que son los competentes para investigar las nuevas implicaciones surgidas de la investigación. Ocho de esas 'partes' han sido enviadas a juzgados alicantinos -no se descarta incluso que pueda haberlo hecho a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia-, y la restante ha sido remitida a un juzgado de Cieza.

Hace ya unos meses, el juez del 'caso Brugal' ya mandó una parte de la investigación a un juzgado, al aparecer supuestos indicios de delito contra el entonces teniente de alcalde de Fortuna, José Antonio López Espinosa. En concreto, el juez oriolano enviaba una grabación, en la que presuntamente se escuchaba a López Espinosa pidiendo dinero al empresario Ángel Fenoll por otorgarle la concesión de la limpieza viaria. El asunto, que le costó el cargo al concejal y que lo mantiene imputado por presunto cohecho, sigue siendo investigado en Cieza.

La remisión, ahora, de una nueva parte del 'asunto Brugal' a Cieza parece apuntar a que el juez San Martín ha descubierto nuevas implicaciones en la Región, en concreto en alguno de los ayuntamientos de las localidades que están bajo esa jurisdicción comarcal. Sólo el levantamiento del secreto del sumario, que todavía pesa sobre las diligencias, permitirá conocer cuáles son esas implicaciones, a quiénes alcanzan y por qué supuestos delitos.

Un monstruo con 9 garras

El caso, que como se ha señalado está troceado en nueve partes, está a falta de que todos los jueces receptores, a excepción de la que conserva el instructor de Orihuela, confirmen su recepción y si aceptan su competencia.

Las denominadas diligencias previas 851/07, por tanto, amenazan con convertirse en un monstruo capaz de bloquear un buen puñado de juzgados, puesto que nadie duda de que la resolución de todos estos asuntos puede alargarse mucho en el tiempo.

En algunos de ellos ni siquiera se han concretado las imputaciones. Las únicas que, hasta la fecha, han trascendido, y de manera general, son las del propio presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios, entre los que se encuentran Ángel Fenoll y el constructor alicantino y máximo accionista del Hércules C.F., Enrique Ortiz.