El juez deja libre a Ripoll pero le imputa por cohecho y tráfico de influencias

Imputado, pero sin medidas cautelares. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, quedó ayer en libertad provisional, tras prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela durante aproximadamente una hora y media.

El líder del Partido Popular abandonó el edificio judicial con un auto en el bolsillo en el que se le ratifica su imputación por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y actividades prohibidas a funcionarios, de acuerdo con la información recabada por este diario. Los cargos contra la primera autoridad política de la provincia de Alicante son consecuencia de la llamada 'Operación Brugal', que investiga un entramado de supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de proyectos de la Administración, relacionados con la gestión de residuos en la comarca de la Vega Baja.

Durante la jornada de ayer, la primera de las dos programadas para la declaración de los once detenidos el pasado martes, comparecieron en el Palacio de Justicia oriolano otros cinco implicados. Entre ellos, figuraban los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Gregori, así como dos personas del círculo de confianza del primero. Todos resultaron imputados, aunque sólo en el caso de Gregori se dictó una orden de encarcelamiento, eso sí, que eludirá si paga una fianza de 100.000 euros antes de que expire el plazo concedido por el juez.

La ausencia de medidas cautelares se puede interpretar ya como un triunfo para Ripoll, si se tiene en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado prisión eludible con una fianza de medio millón de euros. El juez Carlos Sanmartín no sólo rechazó la petición, sino que no acordó el abono de cantidad económica alguna como condición para dejar marchar al alto cargo popular.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) explicaron que Ripoll está en «libertad provisional», mientras sigue la instrucción de la causa abierta al amparo de las diligencias previas 851/07. Las mismas fuentes agregaron que, dado que persiste el secreto sumarial (dura ya más de tres años), los imputados fueron informados de las «figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas», pero no de los hechos que se les atribuyen.

Esta circunstancia fue esgrimida anoche por Ripoll como argumento para reiterar que continúa sin saber de qué se le acusa. El líder popular dijo que esperará a que se levante el secreto para poder emprender las acciones legales que considere oportunas, en alusión a una posible indefensión.

Las seis personas que acudieron ayer al juzgado (otras cinco lo harán hoy), de las once arrestadas por el Cuerpo Nacional de Policía y posteriormente puestas en libertad, lo hicieron de manera voluntaria. Su citación fue tramitada por los funcionarios policiales, supuestamente tras consultar con el juez.

En caso de haberse ausentado ayer, habría sido necesario formular una nueva citación, esta vez de origen estrictamente judicial, cuyo incumplimiento podría haber dado lugar a la emisión de órdenes de busca y captura. La voluntad de colaboración de los seis implicados evitó que esto llegue a producirse.

En cualquier caso, el TSJ aclaró que los afectados por los autos dictados por Carlos Sanmartín tienen la posibilidad de interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, tal y como se notificó a las partes.

Ripoll acudió puntual a su cita en los juzgados de la plaza oriolana de Santa Lucía, donde le aguardaba un enjambre de reporteros gráficos, cámaras de televisión y periodistas, que soportaron temperaturas de hasta 36 grados.

Sonriente y tranquilo

Entró al edificio sonriente y tranquilo -«¿Ustedes, cómo ven?», contestó a preguntas de los medios de comunicación-, acompañado de su abogado, Bernardo del Rosal. Cinco minutos antes de las dos de la tarde, hora en la que debía estar presente en Primera Instancia 3, aguardaba ya su turno para ser escuchado en declaración. Sin embargo, este proceso, al afectar a seis personas, sufrió un importante retraso que hizo que las comparecencias de Ripoll, igual que la del empresario Enrique Ortiz, se trasladasen a la tarde, justo después de un receso para comer.

Hacia las 18 horas, llegó el turno del presidente de la Diputación, quien durante casi 90 minutos respondió a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y a las del magistrado. A las 19.45, el político del PP salió por la puerta principal del Palacio de Justicia, junto con su letrado. Ninguno de los dos habló, ya que emplazaron a los medios a asistir a la rueda de prensa convocada a las 21.30 en la sede de la Corporación provincial.

Además de Ripoll, el único que ha hablado ante los medios ha sido el conocido empresario alicantino Enrique Ortiz , que ha admitido estar «contento» porque el juez «no ha adoptado ninguna medida cautelar», aunque después ha admitido que sobre él «claro que hay» imputaciones por varios delitos, entre ellos cohecho.

Para el dueño del Hércules, el fiscal había pedido la mayor fianza de los seis imputados hoy, 800.000 euros para evitar la prisión, aunque la solicitud no prosperó.

Junto a los citados Ripoll, Ortiz y Gregori, han declarado como imputados el ingeniero y amigo de Ortiz José Francisco León; el gerente de Inusa, José Candel y el dueño de la compañía Sufi, Luis Bracho, todos ellos sin medidas cautelares.

Petición de dimisión

Una vez que ha conocido el contenido de la declaración de Ripoll, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha pedido la dimisión del presidente porque «la actividad de los ciudadanos de la provincia no puede estar en manos de las asfixias judiciales de su presidente».

En una rueda de prensa a las puertas de la Diputación por negarles la presidencia de la institución hacerla en la sede del grupo socialista, Alarte ha culpado a Mariano Rajoy como «el responsable político de todo cuanto acontece en la Comunitat».El juzgado tiene previsto que hoy viernes comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas de otras cinco personas: tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Los ediles son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, los dos empresarios son Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll.

Fue precisamente la denuncia de Fenoll la que provocó la apertura de las investigaciones por la presunta corrupción en las contratas de basura, en la que ahora se ha visto imputado. Según informaron fuentes del caso, el eje de las pesquisas es un millonario contrato para construir una gigantesca planta de basuras en la pedanía de Torremendo (Orihuela) a fin de tratar unas 300.000 toneladas de residuos al año y que fue adjudicado por el Consorcio del Plan Zonal de Residuos de Zona XVII, un organismo dependiente de la Diputación y que presidía el propio Ripoll.

Siempre según las sospechas de Anticorrupción, el vertedero se iba a ubicar en una finca denominada de 'La Pistola', un páramo en zona forestal protegida, comprado sólo unos meses antes, en abril de 2007, por la empresa Proambiente, propiedad de Ángel Fenoll.