Varapalo a más de 500 instalaciones solares por el recorte de subvenciones

La Región perderá 86 millones de euros anuales en su producción de energía solar tras la nueva revisión de tarifas eléctricas, prevista para dentro de dos semanas. El Ministerio de Industria comunicó esta semana a las asociaciones del sector fotovoltaico que aplicará un recorte del 30% sobre las primas a las plantas y huertos solares que están ya en marcha. Su justificación formal reside en que dichas instalaciones han producido un 30% más de horas de las que estaban previstas durante el año pasado; es decir, 2.000 horas más frente a las 1.300 estipuladas en el decreto 661/2007.

La citada norma establece una prima mínima de 45 céntimos por kilovatio/hora para aquellas instalaciones fotovoltaicas que se conectaran a la red antes del 29 de septiembre de 2008, manteniendo ésta durante un periodo de 25 años, con sus correspondientes actualizaciones (a día de hoy está en 46,5 céntimos).

El recorte que planea el Ministerio de Industria, que entraría en vigor a partir del 1 de julio coincidiendo con la revisión tarifaria -y con efectos retroactivos-, ha caído como un jarro de agua fría sobre las 3.820 empresas y personas que han invertido en instalaciones fotovoltaicas. En concreto, 84 huertos solares y más de 400 plantas particulares.

Según los afectados, la inversión efectuada en la Región asciende a 2.292 millones de euros, que se han materializado en una potencia instalada de 382 megavatios, el 10% del total nacional. Para hacerse una idea de ello, supone el equivalente a la mitad de capacidad de una central nuclear como la de Cofrentes (es la más cercana a la Región).

Las más afectadas por el recorte serían las empresas y cooperativas agroalimentarias, que han aprovechado la techumbre de sus grandes naves para instalar sobre ellas placas fotovoltaicas. Por ejemplo, la empresa Molinense tiene una instalación de un megavatio de potencia, tras una inversión de 6 millones de euros. Aparte están cientos de particulares -sobre todo, agricultores- que se han unido entre sí para crear huertos solares, algunos de ellos gestionados bajo el régimen de cooperativa.

De acuerdo con el sistema actual de primas, la producción de unos 100 kw/hora de electricidad fotovoltaica aporta casi 6.000 euros mensuales. Si se aplicara el recorte previsto por el Ministerio de Industria, los 3.820 inversores murcianos dejarán de ingresar 86 millones anuales, según informaron fuentes del sector.

La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y el sindicato agrario Coag advierten de que el recorte hará que la mayoría de quienes apostaron por la energía solar se vean incapaces de sufragar las cuotas de los préstamos que solicitaron para financiar las instalaciones (los créditos tienen una duración media de 15 años).

Mucho peor lo tendrían quienes están construyendo huertos y plantas solares, puesto que la nueva normativa fijará a las futuras adjudicaciones unas tarifas para suelo y techo inferiores a las actuales en un 45% y un 25%, respectivamente.

El presidente de ASIF, Javier Anta, asegura que estas medidas supondrían «el cierre» de todas sus empresas, así como «la desaparición del sector como está ahora montado».

Por su parte, el presidente de la sección fotovoltaica de APPA, Javier García, apunta a que «es una medida que provoca un inseguridad jurídica propia de países subdesarrollados» y que supondrá «la ruina de muchos inversores».

Impacto en el campo

Fecoam, por su parte, recuerda que casi todas las cooperativas agrarias de la Región tienen placas solares instaladas sobre las techumbres de sus naves (de entre 100 y 300 kilovatios de potencia) con el fin de diversificar ingresos. Montar placas equivalentes a 100 kilovatios cuesta una media de 600.000 euros.

Por otro lado, 315 cooperativistas han invertido a título particular en huertos solares.

En total, las cooperativas agrarias de Fecoam han desembolsado 117 millones de euros para poner paneles solares en 180 plantas y huertos solares, que representan una potencia instalada de 18 megavatios. El recorte del 30% supondría mermar los ingresos en cuatro millones de euros al año, «haciendo inviable la inversión en muchos casos», según afirma el presidente de la federación, Santiago Martínez Gabaldón.

«El recorte supondrá un duro golpe a todos ellos. Y el hecho de que sea retroactivo es propio de una república bananera», declara.

En su opinión, la reducción de las primas «cortará de raíz una prometedora apuesta» por las energías renovables en las zonas rurales de la Región. «¿Quién va a arriesgar su dinero a partir de ahora bajo la incertidumbre que plantea el Gobierno central? ¿Quién va a financiar proyectos, cuando ni siguiera hay seguridad de pagar las cuotas de los préstamos que se concedan?», añade.

Pedro Lencina, secretario regional de Coag, recuerda que las instalaciones solares de la Región se financiaron con unos préstamos a tipo fijo, a muy alto interés (6,6%).

«Muchos agricultores -explica- decidieron realizar dichas inversiones sobre la seguridad establecida por la normativa española. No como un medio de especulación, sino como un modo de complementar sus ingresos a largo plazo».

El Ministerio de Industria, por su parte, asegura que aún no tiene cerrado un recorte retroactivo de primas y que mantiene «abierta la conversación» con las asociaciones empresariales del sector. El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, aseguró ayer que había dado 48 horas a las asociaciones ASIE, AEF y APPA para que elaboraran una respuesta alternativa al planteamiento del Ministerio: «La conversación sigue abierta. Les he pedido que piensen».

¿Y qué ahorro persigue la Administración central con el citado recorte? Pues reducir en 860 millones de euros los 2.688 millones que reciben cada año las instalaciones fotovoltaicas en concepto de primas, que suponen el 43% de las ayudas que el Estado concede a las energías renovables.