«'Jarabe de calabozo'»

El ex interventor del Ayuntamiento, Francisco Poyato Ariza, al que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia le imputa delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad, por el 'caso Limusa' podría no haber estado en condiciones de declarar ante el juez por una enfermedad -tal y como defiende su abogado- cuando fue detenido por su presunta implicación en la trama de corrupción en el marco de la empresa municipal de limpieza.

Al menos es lo que esgrime su defensa ante el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ en un escrito que envió recientemente y en el que solicitaban la prueba testifical de Jorge Poyato Ariza, hermano del imputado. Éste «lo vio sangrando por boca y nariz, segundos antes de prestar la declaración judicial».

Sin embargo, y como hace constar en un nuevo escrito enviado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ con fecha del pasado 19 de abril, «lamentablemente para esta representación, se nos denegó dicha práctica probatoria», en base a que había prestado declaración delante de Magistrado, Secretario Judicial y Abogado Defensor, «sin que se detectara disfuncionalidad alguna».

En el nuevo escrito remitido la defensa de Poyato hace saber al magistrado-instructor que su cliente tiene 65 años de edad y que «cuando declaró tenía un cáncer de próstata y estaba recibiendo radioterapia». Igualmente, se argumenta que «cualquiera sábe que la quimioterapia y la radioterapia rebajan enormemente las defensas de los seres humanos».

Y además, se señala que «había recibido en exclusiva lo que coloquialmente se llama 'jarabe de calabozo'», al haber permanecido, pese a su estado, «más de 24 horas precisamente en un calabozo, sin perjuicio de que durante ese tiempo también está probado que tuvo que recibir asistencia médica».

Destaca que «hay algo que no deja secuela alguna y que todavía hacer que las personas decentes, que son detenidas por primera vez, declaren lo que suponen que el que le toma declaración quiere oir, cuando precisamente se les da el tratamiento de calabozo». Y llaman la atención sobre que «dicho tratamiento sólo se le aplicara a D. Francisco Poyato». La defensa del ex interventor del Ayuntamiento también indica que «éste, ya lo dijimos con anterioridad, tenía tantas ganas de ir a su casa, que contó o declaró lo que suponía que querían escuchar para dejarlo en libertad». El deficiente estado de salud en que podría encontrarse es mostrado, según el abogado de Poyato, al referirse a que su defendido «nada más llegar» a su casa «tuvo que recibir asistencia médica».

También se permite, como señala la defensa, «una reflexión», indicando que la hace «aún a riesgo de que el Ilustre Sr. Instructor, nos diga como ya hizo en otra ocasión con respecto a otra reflexión, que es inoportuna o inadecuada». Hace referencia «al hecho, más o menos sorprendente o curioso, de que como indicio de cargo para los imputados, consejeros y trabajadores de Limusa, se sostenga que han participado en comidas o viajes y sin embargo, el trabajador que seguramente después del Sr. Gil Eguino es el que más ha participado en esas comidas y viajes, D. Jacinto Parra Arcas, ni siquiera esté imputado».

Y continúa diciendo que «parece que nos encontramos ante una acusación a la carta y lo que para unos es indicio de cargo, para otro u otros no, y sinceramente, no alcanzamos a comprenderlo». Señala los folios y el tomo del sumario en los que «Jacinto, no imputado, ha participado en comidas y viajes por un importe total de 12.842,61 euros». Hace mención a que «hay otros asistentes a comidas y viajes que tampoco están imputados».

Asegurando que «viene a reflejar que las comidas de trabajo y los viajes de trabajo o formación, son normales y consustanciales en las empresas públicas y privadas, sin que de la asistencia a dichos actos se pueda o deba inferir delito alguno, como en su momento, por actos propios, vino a reconocer el Ilmo. Sr. Magistrado Instructor de Lorca, que se abstuvo de imputar a D. Jacinto y a otros asistentes a comidas y viajes que aparecen perfectamente individualizados en el informe policial que también obra» en el sumario.

Por último, suplica a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que «teniendo por presentado este escrito, con los documentos acompañados, lo admita, acuerde su unión a las diligencias de su razón y se sirva tener por hechas las manifestaciones que contiene a los efectos procedentes y en ejercicio legítimo de nuestro derecho de defensa. Es justicia».

Francisco Javier Poyato Ariza fue interventor del Ayuntamiento desde el año 1996 hasta septiembre de 2007. En el auto que hizo público el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia el lunes, se señalaba que no se han practicado en relación con él diligencia probatoria alguna, distinta de las ya practicadas en el Juzgado Número 4 de lorca, por lo que «se comparte el relato fáctico de los hechos, realizados por ese juzgado».

En el auto se señala que «declaraciones testificales» lo sitúan como uno de los que recibían 'sobres' desde Limusa, enviados por Francisco Gil Eguino. «Hay múltiples facturas y anotaciones que demuestran su participación en viajes y comidas sin justificación», se indica en el texto, así como que «nunca había ido a inspeccionar o comprobar el estado de cuentas de Limusa».

Francisco Poyato, según el auto, también «detalló que iban a buenos sitios y buenos restaurantes y que todo lo pagaba el Sr. Gil Eguino (Francisco) y que sabían que tales gastos se iban a cargar en Limusa. Manifestó, igualmente, «ser cierto que, en algunos viajes a Madrid o Barcelona, coincidió con que jugaban los equipos de fútbol y fueron a los partidos».

Durante su declaración ante el juez magistrado de Lorca y recogido en el auto del Tribunal Superior de Justicia también aparece que afirmó que «para recoger premios de la entidad, aunque bastaba con una persona, era frecuente la asistencia de tres o cuatro representantes». Y «entendía» que «los gastos y viajes no eran excesivos en relación con lo que se hacía en otros ayuntamientos. Por el cargo que ocupaba en el Ayuntamiento, le correspondía el «control económico y financiero de Limusa», dice el auto, «pero ese control no existió, sino que él mismo participaba en el anómalo e ilícito funcionamiento de Limusa».

Durante sus declaraciones también afirmó que algunas entradas para ver partidos de Copa de Europa en Madrid o Barcelona, se las «regalaban» diversas personas o entidades, así Casa Lucio en Madrid o la entidad ATM. Obra en las actuaciones, según informes de la Agencia Tributaria, que con la expresión ATM, se ha podido «identificar» entre los proveedores del Ayuntamiento de Lorca a la empresa ATM DOS S. A., a la que se habían satisfecho, entre los años 2003 y 2008, cantidades importantes.

Igualmente, se refiere el auto del magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que entre los clientes de ATM DOS «figuran numerosos ayuntamientos, entre ellos, aquellos en los que ha trabajado en los últimos años el Sr. Francisco Javier Poyato Ariza, así el de Lorca, Teguise, Arrecife y Archena, sorprendiendo, aún más, que según la propia declaración del Sr. Poyato Ariza, él mismo coincidió cuando era asesor del Ayuntamiento de Teguise con cierto alcalde que ingresó en prisión por malversación».