Sanidad destierra de las aulas refrescos con azúcar y 'chuches'

Cuando colegios e institutos de la Región abran sus puertas el próximo septiembre, habrán desaparecido de las máquinas expendedoras y de las cantinas la bollería industrial, las golosinas, los 'snack' o aperitivos y los refrescos azucarados. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el largamente esperado decreto que prohíbe la venta de productos hipercalóricos en todos los centros educativos no universitarios tanto públicos como privados. No sólo no podrán venderse. Los alumnos tampoco podrán llevarlos a clase para celebrar con sus compañeros cumpleaños o santos. Tendrán que optar por otros alimentos más saludables.

El decreto no impide, sin embargo, que los estudiantes lleven de casa para su consumo propio estos productos. Regular por norma lo que los padres deben o no preparar a sus hijos para el almuerzo tendría un difícil -por no decir imposible- encaje legal. Eso sí, Sanidad redoblará la información a las familias para impulsar un cambio en los hábitos nutricionales.

Los productos desterrados de las aulas son fundamentalmente cuatro: las golosinas, la bollería industrial, los aperitivos o 'snacks' y los refrescos azucarados. No podrán venderse bebidas como coca-cola o pepsi-cola, salvo en sus vertientes 'light' o 'zero', apunta Sanidad. También se prohiben los zumos con azúcar añadido o batidos con alto contenido en azúcar añadido.

Dentro de las golosinas se incluyen las gominolas, caramelos, goma de mascar o chicles con azúcar, confites, geles dulces, dulces de regaliz, merengues, y golosinas líquidas para congelar. En general, dulces que se elaboran con masas obtenidas a base de una mezcla de azúcares en un porcentaje superior a un 10% sobre el producto final.

La bollería industrial se elimina por los excesos en hidratos de carbono (por encima del 49%), su alto contenido en grasas (superior al 16%) y, consecuentemente, su elevado aporte calórico (400 calorías o más por cada 100 gramos). En el capítulo de aperitivos o 'snack' se incluyen las habituales patatas fritas elaboradas mediante la fritura con aceites o grasas comestibles, las cortezas de cerdo o las pipas saladas.

El hueco que todos estos productos dejen en las cantinas de los institutos y en las máquinas expendedoras será ocupado por «alimentos propios de la dieta mediterránea como zumos sin azúcar añadido, yogur, frutas, bocadillos y otros productos saludables», según reza el decreto.

Control de los menús

La nueva norma también aborda los menús que se sirven en los comedores escolares. Una comisión de nutricionistas supervisará estos menús para comprobar que cumplen con los parámetros nutricionales adecuados. Salud Pública elaborará un plan en el que se fijarán esos parámetros y se establecerán los mecanismos de seguimiento y control.

Además, los colegios deberán informar a los padres de la programación de los menús, de forma que puedan completar el régimen alimenticio diario de sus hijos correctamente. Por último, el decreto obliga a los centros a ofrecer menús alternativos a los alumnos que sufran intolerancia a algún alimento o padezcan alguna enfermedad que exija una dieta determinada. También podrán llevar la comida de su casa, y el colegio asumirá la responsabilidad de conservarla adecuadamente hasta su consumo. Muchos centros de la Región ya cumplen con estos requisitos, pero hasta la fecha no había una normativa que lo exigiese claramente. Murcia se convierte en una de las primeras comunidades autónomas que entra a regular los menús y la venta de alimentos en los centros educativos. «Es la primera región en sacar un decreto específico, aunque otras también han incluido ya algunos de estos aspectos en normativas más amplias», explica la Consejería. En el conjunto del Estado, el Ministerio está preparando una ley en la misma dirección que el decreto murciano, aunque todavía no se conoce cuál será su alcance.

Todas estas medidas tienen un objetivo claro: poner coto al sobrepeso infantil. La consejera de Sanidad, Ángeles Palacios, advirtió, durante su comparecencia ante los medios para explicar las características del decreto, que «la obesidad será la gran enfermedad del siglo XXI». Entre el 20 y el 25% de los niños y niñas murcianos padecen obesidad o sobrepeso. La Región se sitúa así a la cabeza en este problema, junto a Canarias.

Un largo proceso

Además, los malos hábitos alimenticios de los jóvenes murcianos -unidos al sedentarismo que se refleja en todos los estudios- podrían tener también consecuencias en el futuro en un aumento de la diabetes o los problemas cardiovasculares. Todas estas razones llevaron a la Consejería a anunciar hace tres años y medio el decreto que finalmente fue aprobado ayer. Sin embargo, la redacción de la norma se eternizó y sufrió numerosas vicisitudes por las dudas legales que generó. El Consejo Jurídico instó a la Comunidad a enviar el borrador a los 45 ayuntamientos de la Región para que hiciesen sus alegaciones. También hubo que alcanzar el consenso con la Consejería de Educación.