La plataforma pro Trasvase se disuelve al no poder reunir las 500.000 firmas

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Trasvase Tajo-Segura Juan Ramón Calero reconoció ayer el fracaso de la iniciativa legislativa popular ( ILP ) impulsada por esta comisión, porque prevén reunir sólo unas 250.000 firmas hasta el 29 de abril, fecha en la que expira el plazo de presentación en el Congreso del medio millón de firmas necesarias. Un grupo de ex políticos y representantes de sindicatos y organizaciones sociales de Murcia constituyó hace un año esta plataforma, que inició una campaña de recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa encaminada a defender la pervivencia del trasvase del Tajo al Segura.

Calero reconoció que sólo han sumado la mitad de adhesiones necesarias y que esto «obliga a disolver la organización». El portavoz dijo que la plataforma no ha recibido ayuda institucional o económica de la Comunidad Autónoma y acusó a la clase política de llevar a cabo un «trabajo sistematizado de desmovilización social y de distracción».

Además, Calero dijo que desde el Gobierno de Murcia y la Generalitat Valenciana se ha ejercido un aislamiento de esta iniciativa y ha indicado que impidieron el apoyo de organizaciones agrarias y de regantes en la Vega Baja y en Murcia, con el argumento de «retirarles las subvenciones».

Por otra parte, Juan Ramón Calero anunció que, a partir del 29 de abril, la comisión se disolverá, aunque sus miembros formarán un Foro permanente sobre el agua, en el que intentarán animar una «necesaria reflexión de la sociedad murciana, porque ésta tendrá que reaccionar y pedir responsabilidades políticas muy serias». Calero también ha indicado que los miembros de la Comisión apoyarán las iniciativas que impulse el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, porque consideran que «es la trinchera» donde deben estar ahora.

Además, otro de los portavoces de la iniciativa, el ex presidente murciano Andrés Hernández Ros, aseguró que los políticos de la Región de Murcia «deberían dimitir» si se aprueba la reserva de 4.000 hectómetros, e instó a los diputados del PP y PSOE que representan a las zonas regadas por el trasvase (Murcia, Valencia y Almería) a unirse al Grupo Mixto para votar en contra del texto para abrir una «crisis institucional» que podría bloquear su aprobación.