La cuenta, al Ayuntamiento

La trama, de existir, actuaría como sigue. Una empresa constructora, adjudicataria de algunos de los principales proyectos del Ayuntamiento de Los Alcázares, habría realizado obras en domicilios de varios cargos públicos y altos funcionarios municipales de esa localidad. Después, para que éstos no tuvieran que pagar nada de esas reformas, o sólo una parte, la empresa habría incluido ese coste en las facturas que pasaba al Ayuntamiento, hinchando el montante de algunos conceptos, de forma que fueran las arcas públicas las que asumieran el precio de las obras particulares. Y, como además eran los propios funcionarios municipales los que daban el visto bueno a las facturas de la constructora, pues el círculo quedaba completamente cerrado y redondo. Perfecto en su ejecución.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que desde hace más de dos años investigan las supuestas implicaciones de destacados integrantes del Consistorio de Los Alcázares en la trama de corrupción denominada 'caso Ninette', habían estado convencidos desde un primer momento de que la situación antes descrita se había producido.

La hipótesis cobra peso

Así se hace constar en un informe remitido al juzgado, sobre el que se acaba de levantar el secreto y que está en poder de 'La Verdad', que deja constancia de que «una de las hipótesis mantenida a lo largo de la investigación, y apoyada por documentación hallada en los registros practicados con motivo del operativo policial, es el hecho de que la empresa Garcerán Construcciones S.L. habría estado realizando trabajos para algunos miembros del Ayuntamiento de Los Alcázares, quienes no se habrían hecho cargo de los importes correspondientes, al menos en su totalidad, sino que dichos gastos habrían pasado a engrosar las facturas de obras municipales, acometidas también por Garcerán Construcciones».

«De ese modo -prosiguen los agentes-, incrementando las partidas correspondientes a trabajo de índole municipal, y por tanto financiadas con dinero público, se pagarían trabajos de carácter privado realizados para miembros del Consistorio».

En esa supuesta situación se encontraría el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, para quien la empresa mencionada construyó un albergue entre los años 2002 y 2003. Estas dependencias, que Escudero tiene alquiladas a la firma 'Animación y Aventura S.L.' y en las que se alojan -entre otros- los participantes en la Semana Internacional de la Huerta de Los Alcázares, tuvieron un coste de 33.380.577 pesetas, más otros 2.379.320 pesetas de IVA, según diversa documentación intervenida por la Policía en los registros.

De ese dinero, Escudero habría pagado 5 millones de pesetas, por lo que le habrían quedado por abonar 30.759.897 pesetas. O, lo que es lo mismo, 184.870,7 euros.

Pues bien, en varios documentos intervenidos sobre el proyecto de construcción de un nuevo ayuntamiento y de un aparcamiento subterráneo, que fue adjudicado a Garcerán Construcciones, existen diversas referencias a 'Albergue', con la partida de 184.870,7 euros (la misma que habría dejado a deber Escudero), que el constructor habría facturado al Consistorio inflando determinadas partidas.

De esta forma, los especialistas de la Policía han encontrado que las facturas expedidas por Garcerán Construcciones al Ayuntamiento, por conceptos como 'Movimientos de tierras', 'Urbanización', 'Cimentación', 'Albañilería' o 'Cubiertas', están duplicadas o sensiblemente hinchadas respecto al presupuesto inicial. Algo que demuestra, según el informe técnico, que «bien se ha facturado dos veces el mismo trabajo o bien se han aumentado los trabajos realizados realmente».

También el de Urbanismo

Algo muy parecido habría ocurrido en el caso del concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco Puras, también imputado en el 'caso Ninette' y que continúa ejerciendo como concejal, en cuyo domicilio la firma Garcerán habría hecho reformas por importe de 63.176,58 euros. Una partida que, junto a la referencia 'ALFREDO', aparece en diversos documentos y que también habría sido facturada a las arcas públicas.

Más llamativo es todavía el caso del durante muchos años secretario municipal, Diego Sánchez Gómez -también imputado en el caso-, pues la firma Garcerán fue la que construyó su chalé y también los de sus hijos Jesús Diego y Juan de Dios (éste último, jefe de los servicios jurídicos municipales).

Los documentos intervenidos en este supuesto por los miembros de la UDEV-BLA es que parte del coste de esas construcciones también se facturó al Ayuntamiento, hinchando en esta ocasión las partidas por la construcción del teatro municipal de Los Alcázares.

Así, en una pestaña anexa a un documento denominado 'Coste de la obra Teatro Ayuntamiento', se puede leer: «No se tienen en cuenta 70 mill. de casa de Jesús Diego, 9 mill. de casa de secretario, 9 mill. de casa de Juan de Dios». A continuación hay otra tabla en la que, según la Policía, «se incrementan casi todas las partidas o capítulos, sobre todo de albañilería, estructura y resto de trabajos que realiza directamente Garcerán Construcciones» y que habrían sido facturados al Consistorio.

Las facturas supuestamente hinchadas habrían pasado sin problemas el filtro fiscalizador del Ayuntamiento, pues no en vano el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, otro de los presuntos miembros de la trama, era el encargado de darles el visto bueno. Y él también se habría llevado su parte: aunque era arquitecto municipal, habría cobrado «cientos de miles de euros -más de 660.000- por dirigir la obra del nuevo consistorio y del aparcamiento».