El juez tumba la recalificación de Trampolín

A perro flaco todo son pulgas. Si algo les faltaba ya a los cientos de compradores de una vivienda en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort de Campos del Río, que ni tienen casa ni han recuperado el dinero que entregaron a cuenta, era que la justicia declarara nula la recalificación urbanística de los terrenos sobre los que se iba a construir esa urbanización.

Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro, que acaba de establecer la nulidad de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Campos del Río, celebrado el 26 de mayo del 2005 y en el que se aprobó el convenio urbanístico entre la mercantil Trampolín Hills y el Consistorio, así como la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el paraje de 'El Barril'.

Traducido a un lenguaje menos técnico, ello supone que el juez ha tumbado la recalificación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, además del acuerdo que firmó con el promotor Antonio Martínez y por el que éste, en concepto de compensación por dejarle urbanizar, se comprometía a construir un nuevo edificio consistorial con una inversión de 2,5 millones de euros.

La sentencia es consecuencia del recurso que interpuso el Partido Popular en el año 2007, al considerar que el acuerdo del Pleno se había realizado vulnerando la legalidad. Así, el letrado José Antonio Izquierdo, actuando en representación de ese partido, ponía de manifiesto que el Grupo Socialista, con el entonces alcalde Ricardo Valverde al frente, había aprobado la recalificación sin haber contado con el preceptivo informe financiero sobre el proyecto. Un documento este absolutamente necesario, tratándose de un proyecto como el de Trampolín Hills, que podría llegar a doblar la población de Campos del Río y exigir una previsión de servicios públicos para los que quizá no estaba preparada la administración local.

Además, reseñaba que el Ayuntamiento había pactado 'contra legem' la construcción de una nueva casa consistorial, por importe de 2,5 millones de euros, olvidando las prescripciones de la Ley de Contratos, que exige que la adjudicación de una obra de esa envergadura se atenga al principio de concurrencia, y no se otorgue mediante pacto.

También señalaba que no se había dado publicidad a los actos administrativos aprobados.

El magistrado Miñarro ha dado ahora la razón al PP y, debido a esos errores cometidos en su día por el equipo de gobierno socialista, deja sin efecto la recalificación de los terrenos y el acuerdo con el grupo promotor Trampolín Hills.

Varapalo para los clientes

La resolución judicial supone en la práctica un varapalo para los compradores de las viviendas de ese resort, ya que complica sobremanera las posibilidades de que un día lleguen a recuperar todo o parte del dinero que entregaron a cuenta y que, según admite la propia promotora, alcanzó un importe total de más de 52 millones de euros.

En concreto, tanto el empresario Antonio Martínez como los compradores confiaban en que los terrenos de 'El Barril', que suman unos dos millones de metros cuadrados, pudieran ser vendidos por una elevada cantidad de dinero, al estar recalificados urbanísticamente, y que ello permitiera devolver parte de lo adeudado. No en vano, la promotora esgrimía un informe reciente de una auditora, que cifraba el valor de la finca en unos 87 millones de euros.

Si la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, que puede ser recurrida, llegara a ser ratificada y se convirtiera en firma, los terrenos perderían la calificación de urbanizables y, con ello, admiten fuentes del proceso, la mayor parte de su valor. Y las posibilidades de alcanzar una solución satisfactoria se reducirían al mínimo.