La comisión trata el próximo martes la denuncia de ANSE por los «excesos» urbanísticos

No hay datos sobre el número de peticiones que elevan los ciudadanos de la Región al Parlamento Europeo, pero lo cierto es que en la próxima sesión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, fechada para el martes 23 de febrero, se iniciará tratando una petición murciana, la que presentó en 2007 Pedro García en representación de la Asociación de Naturistas del Sureste (ANSE).

García afirmaba en su petición que el Gobierno regional y 43 municipios de la Región incumplen la Directiva 2001/42/CE al aprobar planes de desarrollo urbano «que permiten una urbanización excesiva con grandes repercusiones negativas sobre el medio ambiente» y no realizar «evaluaciones sobre las consecuencias medioambientales de tales planes». La petición del representante de ANSE fue admitida a trámite en febrero de 2008 y se solicitó a la Comisión Europea información al respecto.

El próximo martes la comisión de Peticiones estudiará la respuesta de la Comisión (órgano de gobierno de la UE), en la que se niegan parte de los argumentos del peticionario al recordar que la Directiva en cuestión sólo es vinculante para los planes aprobados después del 21 de julio de 2006 y considerar que «la mayoría de los planes [cuestionados] se encuentran en proceso de estudio y no han sido aprobados por la autoridad competente», por lo que «resulta prematuro deducir cualquier violación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente».

Informe sobre el urbanismo

García persigue el éxito que tuvieron las quejas de ciudadanos españoles por el urbanismo salvaje en la costa levantina. La comisión de Peticiones visitó varias comunidades autónomas y llevó al Pleno del Parlamento Europeo un durísimo informe que supuso un 'tirón de orejas' histórico al urbanismo español. El 26 de marzo del año pasado, la Eurocámara aprobó por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones una contundente crítica a las prácticas de «urbanización masiva» en España y la «avaricia y conducta especulativa» de algunas autoridades locales.

En el informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken que resultó aprobado frente a resoluciones alternativas presentadas por socialistas y populares, se pide al Gobierno español y a las comunidades autónomas una «profunda revisión» de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares en urbanizaciones masivas para «poner fin a los abusos». La Eurocámara reclamó, además, una indemnización adecuada para las víctimas de los «abusos urbanísticos» y consideró «alarmante» la falta de confianza en el sistema judicial español.

Aquella fue la tercera vez que el pleno del Parlamento Europeo se posicionaba sobre el urbanismo español, y en el texto se llegaba a solicitar a la Comisión Europea que congelara la provisión de fondos estructurales a España mientras se solucionara el problema y consideraba que las autoridades regionales debían «suspender y revisar» todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios de sostenibilidad ambiental.

El informe también reflejaba que, tras las quejas medioambientales, los problemas de abastecimiento agua eran el argumento más recurrente en las denuncias, y citaba a Murcia.