Vivienda abre expediente a las VPO de Mazarrón por usarlas sólo en vacaciones

Los propietarios de las viviendas de protección oficial de Puerto de Mazarrón utilizadas como segunda residencia se enfrentarán a un expediente sancionador de la Dirección General del Territorio y Vivienda, una vez que este departamento de la Consejería de Obras Públicas considera acreditado que estas casas no son empleadas como domicilio habitual y permanente, según establece la legislación en vigor.

El director general de Territorio y Vivienda, Antonio Navarro, ha firmado la apertura de los expedientes sancionadores tras dar por finalizada la investigación reservada que abrió a comienzos del pasado mes de diciembre, a raíz de la información publicada por 'La Verdad' sobre la situación supuestamente irregular en que se encontraban estas viviendas.

La documentación que ha demostrado de forma incontestable que estos inmuebles sólo son ocupados de forma esporádica por las lecturas de los contadores de agua de las 18 VPO durante 2008 y 2009. Según informó Navarro, «los consumos facilitados por la empresa municipal del agua son mínimos, en varias viviendas es de 0,5, 1,1 y hasta 0,1 metros cúbicos, lo cual ya es un elemento probatorio de que ahí no vive nadie». El consumo medio de agua por persona en España, según el Instituto Nacional de Estadística, es de 171 litros al día, lo que supone 5,1 m3 al mes.

Otro dato relevante para la Dirección General de Vivienda han sido las visitas realizadas por los inspectores a las viviendas, en ninguna de las cuales hallaron a residente alguno en ellas. Los dos bloques de promoción pública, con nueve pisos cada uno, se inauguraron a finales del año 2007, pero dos años después sólo uno de los propietarios vive en ellos de forma permanente. Otras dos viviendas siguen sin adjudicar y están escrituradas a nombre de la promotora, Vipamur.

Descalificación y multa

Según las denuncias del PSOE e IU de Mazarrón y las declaraciones de varios vecinos recogidas por 'La Verdad', las 15 casas restantes son utilizadas sólo en verano y algún fin de semana aislado. Los terrenos que ocupan las VPO eran propiedad del Ayuntamiento, que los cedió al Instituto de Vivienda de la Comunidad para una promoción dentro del Plan de Vivienda Joven 2005-2008.

Si el expediente sancionador se resuelve en contra de los propietarios, la Dirección General de Vivienda podría descalificarlas como de protección oficial, exigirles la devolución de las subvenciones percibidas, que rondan entre los 3.000 y 6.000 euros, e imponerles una multa.

Vivienda ha solicitado también a Iberdrola la evolución del consumo de cada una de las polémicas viviendas, pero aún no ha recibido contestación. Alguno de los pisos, según varias fotografías realizadas por los vecinos y remitidas a este diario, carecen incluso de contador, lo que significaría que no disponen de corriente eléctrica y que, por lo tanto, siguen sin ocupar más de dos años después de su adjudicación.

«Es sangrante que estas viviendas, que son para facilitar el acceso a jóvenes o familias con escasos recursos, sean utilizadas como segunda residencia sólo para vacaciones», declaró Navarro.