UMU y UPCT avisan de que están en riesgo las prácticas de 18.000 alumnos

El acuerdo establece novedades con respecto a las prácticas curriculares, que son las contempladas en el plan de estudios, obligatorias para lograr el título. Las empresas deberán dejar claro en el convenio la «cuantía mínima suficiente» que destinarán a compensar todos los gastos que asuma el becario por el hecho de desarrollar la actividad formativa. Dependerá del caso, pero podrán costearse gatos de desplazamiento, alojamiento o manutención. La empresa estará exenta de hacer esos pagos si existen otras becas o ayudas que lo cubran. Tampoco deberá pagar esos gastos si se ponen a disposición del alumno todos los servicios necesarios o en el supuesto de que la remuneración de la práctica sea «suficiente» para cubrirlos.

Los rectores de las universidades, así como los empresarios y la Red de Fundaciones Universidad Empresa y a Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, alertaron ayer de que el nuevo estatuto pone en riesgo la supervivencia de las prácticas estudiantiles, y retraerá a las empresas para firmar nuevos contratos.

Para el rector de la UMU, José Luján, resulta «incomprensible la laboralización de una actividad que es esencialmente académica y no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca o con la necesidad de regular el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas». Luján, en coincidencia con el vicerrector de la UPCT Luis Javier Lozano, está convencido de que la nueva regulación, en la que las universidades no han participado, retraerá a las empresas a la hora de contratar estudiantes en prácticas.

Más de 11.000 estudiantes realizan prácticas, curriculares (las obligadas en el plan de estudios) o extracurriculares, que son las que desempeñan los alumnos para mejorar su formación de forma voluntaria, en la Universidad de Murcia y en la Politécnica de Cartagena. A ellos se suman otros 7.000 estudiantes de grado medio y superior de Formación Profesional.

Las universidades se quejan además de que la aplicación del acuerdo «va a exigir una dedicación del personal de las universidades que habrá que detraer de otras tareas que ahora se vienen haciendo o recurrir a nuevas contrataciones, sin que haya presupuesto».

El estatuto, negociado por los sindicatos y el Gobierno central –la patronal sigue negociando– tampoco gusta a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, que considera que «sigue «sin garantizar la remuneración y la calidad de las prácticas académicas». CC OO lamentó la falta de respaldo de los rectores para «acabar con el sistema de falsos becarios que genera precariedad, explotación y fraude».