El alcalde avisa a los empresarios de Cebag de que no se ampliará el plazo para alegar al Plan General

El alcalde de Totana, Juan José Cánovas (Ganar-IU), comunicó ayer al presidente de la Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín (Cebag), José Luis Hernández, que no se ampliará el período de presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que finaliza el próximo día 22 de marzo, de forma que finalmente no se convocará el Pleno extraordinario para este asunto, tal como reclamaba este colectivo, que siempre se ha mostrado muy crítico con el diseño realizado.

El primer edil da respuesta así a la solicitud realizada por el presidente de Cebag el pasado 7 de marzo, por registro de entrada en el Ayuntamiento, en la que pedía la suspensión o ampliación del plazo de alegaciones al Plan General.

Cánovas señaló que, «tras la reunión mantenida entre ambas partes y convocada la Junta de Portavoces el martes de esta semana, al ser competencia del Pleno municipal, en la misma, por parte de la alcaldía se expuso la situación y, tras las deliberaciones oportunas, se llegó al acuerdo mayoritario por la representación ponderada de cada portavoz de no convocar una sesión extraordinaria, puesto que la opinión mayoritaria es de no suspender ni aplazar el período establecido de alegaciones».

El regidor explicó que «se considera que el período de alegaciones es suficiente y que el Plan General es un elemento más que conocido por la población, dado el debate público y la información que todos los agentes políticos y sociales están realizando en los medios de comunicación social y a través de otras vías de difusión, por lo que sería absurdo convocar un Pleno con la certeza de que no se va a aceptar la propuesta realizada por la Cebag».

Intenso debate

Precisamente, la confederación comarcal de empresarios celebró el jueves por la noche un debate con el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago González-Varas, en el que valoró el Plan General, que tras la revocación por la Consejería de Fomento, entiende que se tenía que haber reiniciado el procedimiento de tramitación. Incluso, se apuntó en la reunión que se tenía que haber puesto en marcha un procedimiento de lesividad, para identificar los posibles derechos generados desde 2011 a 2017, en el que se detectaran los supuestos «errores sustanciales» que habrían motivado la revocación y provocado la afección de miles de viviendas y propiedades a una situación de fuera de ordenación o fuera de norma, lo que genera perjuicios al patrimonio de muchos ciudadanos.

González-Varas aconsejó que en las alegaciones que habían previsto presentar se solicitase la identificación de los cargos políticos y funcionarios que pudiesen haber intervenido en 2011, a la hora de encausar los supuestos errores que han motivado la anulación del PGMO.

En el debate intervinieron la exalcaldesa y portavoz actual del PP, Isabel Mª Sánchez; el arquitecto urbanista Felipe Iracheta; el diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez Baños, así como representantes de Podemos y de la coordinadora Otro Plan es Posible, además de profesionales y empresarios asistentes.