«Los alcaldes estaban muertos de miedo tras la imputación de Fina Marín»

«La mayoría de los ayuntamientos de la Región, vamos, casi todos, han omitido durante años los trámites para los nombramientos accidentales de los habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros) por tiempo inferior a tres meses». Esta declaración corresponde a la secretaria municipal de Torre Pacheco, María Dolores Bermejo, ante el titular del juzgado nº 5 de San Javier, en su comparecencia como testigo dentro del llamado caso del 'dedo mágico' por presuntas irregularidades en el nombramiento como interventora de la funcionaria municipal C. F., por la exalcaldesa Fina Marín (PP).

Unas diligencias que se abrieron meses después, tras la querella de otro funcionario municipal, D. O., merced a las cuales está siendo investigada (imputada) la entonces regidora -destituida del cargo después mediante una moción de censura, aunque conserva todavía el acta de concejal-.

En su declaración judicial, la secretaria del Ayuntamiento reconoce que le «consta» que la situación creada a raíz de la imputación de Fina Marín, cambió radicalmente la situación en la Región, porque «se nos envió una circular de la Comunidad Autónoma para cumpliéramos a rajatabla el procedimiento, ya que todos los alcaldes estaban muertos de miedo».

Bermejo explicó en un tono coloquial a su señoría que desde que tomó posesión como secretaria (mayo de 2012) «nunca» había tramitado los nombramientos accidentales de los habilitados nacionales, «porque eso correspondía al departamento de personal». Sin embargo, en este caso, reconoció que estuvo «más encima y con hilo directo con la Comunidad».

Fue entonces, cuando a preguntas del juez, admitió sin tapujos que «de aquí para atrás, nunca se ha cumplido el trámite de solicitar el informe previo -que marca la normativa- para cubrir la vacante si es por menos de tres meses, aunque el nombramiento sea competencia de la alcaldía».

El objeto del informe, explicó, es «mirar si antes de nombrar a un funcionario de la casa, la Comunidad comunica que hay un habilitado nacional interesado, porque tendría prioridad para el puesto». Un trámite que aseguró se había «omitido» y «tengo conocimiento, en la mayoría de los ayuntamientos, en casi todos, vamos». Para a continuación añadir: «Yo, la verdad, es que no tenía conocimiento de ese trámite porque no corresponde a mi departamento».

Cuando el juez le preguntó por qué en el decreto de nombramiento de C.F. se previó que la plaza «era para más de tres meses y no para menos de ese tiempo», la secretaria admitió que fue «un error» de ella, que lo interpretó «mal», al ser un asunto de urgencia, «para que no faltase ni un día el puesto de interventor -refiriéndose a la inhabilitación de Miguel Pérez Martínez, por su condena en el conocido caso de los 'contratos a dedo'-, lo que condujo enseguida a comenzar los trámites para cubrir la plaza».

Potestad de los regidores

En cuanto a los motivos que llevaron al nombramiento de esa funcionaria como interventora accidental, afirmó que se hizo «sin pensarlo, porque siempre, cada vez que había que sustituir a Miguel por vacaciones o baja, se nombraba a ella». Sobre el papel de Fina Marín en el nombramiento, insistió en que «es potestad de los alcaldes, sin necesidad de exponer los motivos en el decreto». Aclaró que ella como secretaria «nunca tuvo interés en que fuera C.F.», pero que «Fina sí tenía más afinidad con ella que con el otro funcionario»». En un momento de la declaración, sin embargo, apuntó que no creía que la exalcaldesa «hubiera dado la orden, porque más bien la nombraba el propio interventor (Miguel Pérez Martínez), aunque esté la firma de la alcaldesa o alcalde anterior, no venía impuesto por ellos, era algo como una tradición».

Y es que que el interventor, el tesorero y ella misma como secretaria, simplemente se ponían de acuerdo «con el funcionario con el que se había hecho siempre», para el nombramiento accidental por tiempo inferior a tres meses. Una responsabilidad que, reconoció, suponía para los funcionarios un aumento de sueldo.

Tras la declaración de Bermejo, el titular del juzgado nº 5 de San Javier deberá continuar con las diligencias previas o aceptar la solicitud de archivo presentada por el letrado de la exalcaldesa Josefina Marín Otón.