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La Sala de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo volverá a recibir la visita de la exalcaldesa del PP en Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro, que a buen seguro habría deseado ahorrarse este nuevo trance por muy interesantes que sean las pinturas que adornan sus recargadas paredes. Después de haber tenido que comparecer como imputada ante la Sala Segunda del Alto Tribunal con motivo del 'caso Novo Carthago', del que fue exculpada, todo apunta a que en breve recuperará tal condición -la de 'investigada', según la más novedosa denominación-, esta vez por su relación con otro asunto de supuesta corrupción en las instituciones públicas: el llamado 'caso Púnica'.
El Supremo notificó ayer un auto por el que declara su competencia para investigar y enjuiciar a Pilar Barreiro, que dispone de un fuero especial por su condición de senadora. A la hora de valorar si debe hacerse cargo de esas diligencias, el magistrado Francisco Monterde no solo ha tenido en cuenta tal circunstancia, sino también -y muy especialmente- si los hechos que el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, relató en su exposición razonada del pasado mayo desvelan «indicios sólidos» de responsabilidad penal.
Y tal es la conclusión a la que ha llegado el mencionado magistrado, que sostiene que las atribuciones de presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho «han sido extensamente justificadas» por el instructor de la Audiencia Nacional.
En concreto, la resolución del Alto Tribunal recuerda que en la exposición razonada se hacía constar que «Pilar Barreiro, ante las noticias negativas que sobre ella se publicaban en las redes sociales relativas a su participación en ilícitos de corrupción urbanística, se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso, quien había sido alcalde (socialista) de Cartagena (las noticias de internet lo implicaban en los mismos delitos de corrupción urbanística que a la alcaldesa), para entrar en contacto con Alejandro de Pedro, con la finalidad de que la empresa de dicho investigado, Eico On Line, le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales».
Llamadas telefónicas intervenidas por la Guardia Civil ponen de relieve que la primera reunión con ese aparente propósito se produjo en el primer trimestre de 2014, con la participación también del jefe de gabinete de Barreiro, Francisco de Asís Ferreño, y la jefa de su Secretaría Particular, María del Mar Conesa. «Todos ellos, de forma concertada, diseñaron las actuaciones que abrieron las puertas del Ayuntamiento gestionado por Pilar Barreiro a las empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso».
El primer paquete de trabajos de reputación habría consistido en la gestión de sus redes sociales (Plan de Medios) y la creación de un diario digital en Cartagena, con la contratación de un periodista, dirigido en exclusiva a difundir noticias positivas sobre Barreiro para contrarrestar las noticias negativas sobre su presunta participación en el 'caso Novo Carthago'. Ese «ardid» derivado del «plan criminal» concebido, como lo calificó el magistrado Velasco, habría permitido presuntamente facturar esos trabajos a las arcas municipales, como si se tratara de pagos por la contratación de publicidad institucional.
Pero el presunto concierto delictivo no se quedó ahí, ya que los implicados se habrían puesto de acuerdo además para realizar otros trabajos de limpieza de imagen más complejos, que supuestamente iban a incluir también al entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, y que en apariencia pretendían costear con dinero público de una partida de «formación».
Por estos mismos hechos ya fue procesado meses atrás el exconsejero y expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región y el fiscal le pide dos años de prisión y ocho de inhabilitación.
Ahora, el Supremo deberá decidir si existen indicios suficientes contra Pilar Barreiro como para llevarla a juicio por todos o por cualquiera de esos cinco delitos reseñados. Todo apunta a que, si no anuncia su intención de declarar voluntariamente, será citada como investigada en los próximos días. Por el momento, sus abogados, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, ya se han personado en la causa.
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