Los imputados en el 'caso Zerrichera' ponen en duda la imparcialidad del fiscal

Dos de los ex altos cargos del Gobierno regional imputados por en el caso Zerrichera aprovecharon ayer para poner en duda la profesionalidad y la imparcialidad del fiscal jefe, Manuel López Bernal, y destacar el que por primera vez desde que éste abriera diligencias previas el asunto es abordado jurídicamente.

El más contundente en sus declaraciones fue Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental, quien afirmó, tras declarar durante tres horas ante el magistrado Antonio Alcázar, titular del Juzgado de Instrucción número 3, que «por primera vez hay alguien que me escucha con oídos jurídicos y no políticos», indicó en referencia a su anterior declaración ante el fiscal jefe.

López Bernal, por su parte, solicitó medidas cautelares contra el ex director general de Calidad Ambiental para que se persone en el Juzgado el primer día de cada mes, con el fin de garantizar su presencia en Murcia durante la instrucción del caso. El juez, aunque aún no ha resuelto sobre la peticón del fiscal jefe, parece dispuesto a aceptarla, según indicaron fuentes de la acusación particular.

Además de Alvarado, también prestaron ayer declaración Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural, y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental cuando se produjo la recalificación de La Zerrichera.

Nuevas declaraciones

Ellos tres, junto con otros dos ex altos cargos del Ejecutivo autónomo, un ex concejal de Águilas y el alcalde de este municipio, que han sido citados mañana para declarar, están acusados por la Fiscalía de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho por su actuación en la recalificación de La Zerrichera, un paraje protegido por la normativa europea.

A la declaración de los tres primeros imputados asistió el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, quien también intervino en el interrogatorio, así como un abogado en representación del PSOE, que ejerce la acusación particular.

Encarna Muñoz, que se negó a responder a las preguntas del letrado del PSOE, se mostró «contenta porque después de siete meses he podido contar la actuación de la Dirección General del Medio Natural, y he tenido la oportunidad de aclarar que todo fue ajustado a derecho». Muñoz manifestó su esperanza de que «se acaben los juicios paralelos».