La Audiencia Nacional no ve delito en la contratación del Yak-42 por Defensa

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer el archivo de la causa abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación del avión Yak-42 en el que perdieron la vida 62 militares españoles. Las familias pidieron al juez que investigara si los responsables políticos y militares del Ministerio de Defensa incurrieron en un delito de imprudencia con resultado de muerte al contratar un aparato averiado y sin los permisos precisos para volar.

El juez mantiene abierta la pieza separada del sumario en la que investiga si hubo delito en la asignación de identidades erróneas a 30 cadáveres. El avión Yakovlev-42 D se estrelló el 26 de mayo de 2003 en la ciudad turca de Trabzon, contra el monte Pilav, tras dos intentos fallidos de aterrizaje.

En el siniestro perdieron la vida 62 militares que regresaban de Afganistán y Kirguizistán, además de los 12 tripulantes ucranianos del aparato y un ciudadano bielorruso. En su auto, el juez Grande-Marlaska concluye que «no se establecía ninguna obligación concreta relativa a deber verificar que la aeronave se encontraba en perfecto estado de mantenimiento, recordando, no obstante, que ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada». Considera asimismo que el avión «era apto para volar» y estaba en «perfectas condiciones técnicas», a pesar de que carecía de certificado de aeronavegabilidad y tenía averiada una de las cajas negras

Defensa tampoco estaba obligado, según el magistrado, a verificar si la tripulación tenía las licencias de vuelo en vigor ni si había cumplido los horarios de descanso a que estaba obligada por ley. El juez admite, no obstante, que «cuestión distinta sería la de valorar la pertinencia o no de haber exigido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas».