La UE exige que se ataje el «abuso» que conlleva el ladrillo en algunas zonas de España

La Unión Europea sigue dando toques de atención al Gobierno español y a los ejecutivos regionales en relación con las irregularidades que se cometen en determinadas zonas de España en torno al ladrillo. Esta vez ha sido con la aprobación, por parte del la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, del informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y que incluye varias recomendaciones para solucionar el problema. Un texto basado en las visitas que una delegación de esta comisión realizó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Es el tercero que denuncia varios casos en la Comunidad Valenciana desde el 2003 y el primero que habla de otras regiones.

El informe reclama a la Comisión Europea que examine las «posibles infracciones al derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE» de las personas afectadas por la «urbanización extensiva» en España. A juicio de la delegación, «no hay ninguna duda de que hay una clara falta de respeto de los derechos fundamentales sobre propiedad de los ciudadanos europeos en muchas partes de España, y en particular en Valencia».

Aunque el grupo de trabajo que se desplazó desde Bruselas no pisó suelo murciano, en el documento se incluye la recomendación de visitar en futuras expediciones a la Región «por el número de denuncias que recibe la comisión de Peticiones del Parlamento de otras comunidades como Cantabria o Murcia».

Comisiones especiales

El informe también propone la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. El laborista británico Michael Cashman, uno de los autores del informe y miembro de la delegación que viajó a España, explicó que «la aplicación de las leyes urbanísticas que rigen los derechos de las personas sobre sus propiedades legítimamente adquirida sigue siendo problemática en varias comunidades autónomas españolas». El documento concluye asegurando que la situación puede ser «atendida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y una sentencia de éste al respecto en contra de España y de las autoridades autonómicas podría tener consecuencias de largo alcance en términos de responsabilidad y de indemnización a las víctimas».

Las recomendaciones contenida en el informe, que sólo tienen valor político, no jurídico, fueron aprobadas por 15 votos a favor y 3 en contra -los de los eurodiputados del PP Luis Herrero, Carlos Iturgaiz y Cristina Gutiérrez-Cortines-, tras un tenso debate con los autores del documento.