El juez admite a trámite una querella contra dos directores generales que autorizaron las obras de Puerto Mayor

Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.

Como se sabe, estas obras, situadas en el Canal del Estacio de La Manga, se encuentran paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde septiembre del 2005.

Ahora, el juez de Instrucción número 5 considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y ha decidido incoar diligencias previas e iniciar «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Las notificaciones se cursaron el pasado mes de enero. El magistrado ha dado asimismo parte al Ministerio Fiscal; al igual que las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Ambos departamentos deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos incoados con relación a las obras de Puerto Mayor.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, manifestó ayer que la querella está dirigida contra ambos directores generales «porque fueron ellos quienes levantaron la paralización del proyecto en octubre del 2003, lo que permitió que las obras se reanudaran en el año 2004. A partir de ahí intervino el Seprona para advertir que la empresa estaba actuando de forma irregular». Después llegó el contencioso presentado por la ministra de Medio Ambiente instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a paralizar las obras, entre otros motivos porque causaba daños medioambientales al entorno. A juicio de Rosique, los dos directores generales «no debieron autorizar el levantamiento de la paralización que pesaba sobre el proyecto debido a que había caducado la concesión». Esta Redacción intentó ayer ponerse en contacto con el director de Calidad Ambiental.