La Ley de Dependencia: cuarto pilar del Estado del Bienestar

El 1 de enero entró en vigor la Ley de Autonomía y Atención a las personas Dependientes, conocida popularmente como la Ley de Dependencia. Esta Ley, que contó con el respaldo de sindicatos, empresarios, movimiento asociativo de personas mayores y personas con discapacidad y la totalidad de los partidos políticos salvo los partidos nacionalistas, configura el nuevo Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como cuarto pilar del Estado de Bienestar.

El Gobierno socialista cumple así una promesa electoral y completa una tarea que gobiernos socialistas anteriores comenzaron en la década de los ochenta: leyes para garantizar la atención a todos los ciudadanos al margen de su nivel de renta o lugar de residencia como fueron en su día el Sistema Nacional de Salud, el de Educación, el de Pensiones y ahora el Sistema de Dependencia con el que el Estado garantiza a las personas mayores y personas con discapacidad el acceso a los servicios sociales y prestaciones económicas.

En España, según el Libro Blanco de la Dependencia, existen en torno a un millón doscientas mil personas que no pueden valerse por si mismas a la hora de llevar a cabo tareas básicas de la vida cotidiana (comer, levantarse, salir a la calle...) y que necesitan ayuda en algún momento del día o permanente durante las 24 horas. En base a esto la Ley distingue entre dependientes moderados, severos o grandes dependientes y recoge un amplio abanico de prestaciones para ofrecer a estas personas y a sus familiares o cuidadores lo que se considere el recurso idóneo en cada caso. Por ello el catálogo de prestaciones comprende ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, centros de noche, plazas de residencias, centros de respiro familiar, prestaciones económicas vinculadas a contratación de servicio externos de apoyo y también prestaciones económicas para los cuidadores familiares a los que se les exigirá el alta en la Seguridad Social y se les impartirá cursos de formación para que presten estos cuidados de la manera más adecuada tanto para el dependiente como para proteger la propia salud del cuidador.

El gobierno destinará a esta Ley 25.000 millones de euros hasta el año 2015 en que estará completamente implantada en toda España, el resto de los gastos correrá a cargo de las respectivas Comunidades Autónomas que deberán ahora acordar con el Ministerio los Reglamentos para evaluar el grado de discapacidad, los requisitos y las prestaciones que se van a dar.

Estamos ante una Ley que en la Región de Murcia puede beneficiar a unos 35.000 murcianos cuando esté desarrollada y que este año se hará efectiva para atender a los grandes dependientes, es decir a aquellas personas que necesitan ayuda y atención durante las 24 horas del día. De forma paulatina, esta oferta de cobertura social se extenderá al resto de mayores en situación de dependencia y discapacitados con la previsión de que el proceso esté totalmente implantado en 2015.

La Ley de Dependencia es una ampliación más del Gobierno Zapatero de los derechos sociales en nuestro país y responde a la firme convicción de que el crecimiento económico tiene que llegar a todos mediante leyes que refuercen los derechos individuales. Los beneficios de esta ley los veremos pronto no solo para las personas beneficiarias directas de la ley sino también en la creación de empleos que su implantación lleva aparejados. Las previsiones consideran que la aplicación final de la ley generará en torno a 300.000 empleos directamente relacionados con ella para atención a dependientes a través de ayuda a domicilio, centros de día, residencias, traslados,...

El desarrollo efectivo de la ley comienza en abril pero mientras tanto el ministerio ha puesto en marcha un teléfono de información al que los ciudadanos ya pueden solicitar toda la información que precisen: 900 40 60 80.

Rosa Peñalver es diputada regional y miembro de la Ejecutiva Regional y Federal del PSOE.