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J. MOLLEJO
Jueves, 4 de enero 2007, 02:23
Nada por aquí y nada por allá. Tanto el PP como el PSOE han cerrado las investigaciones internas abiertas sobre sus alcaldes en San Javier, José Hernández, y en Los Alcázares, José Antonio Martínez Meca, respectivamente, sin hallar ningún signo de irregularidad en sus actuaciones.
Las investigaciones se abrieron por decisión de las direcciones regionales del PP y el PSOE a raíz de varias informaciones publicadas por La Verdad sobre los negocios inmobiliarios particulares de ambos alcaldes supuestamente incompatibles con su labor pública.
La decisión de dar carpetazo al asunto supone la exculpación de los dos alcaldes por parte de sus propios partidos, lo cual contrasta con la actuación del fiscal jefe, Manuel López Bernal, que mantiene abiertas las diligencias informativas sobre los dos políticos.
Parcelas a bajo precio
El PSOE pidió explicaciones al alcalde de Los Alcázares después de que este diario publicara que Martínez Meca, el ex concejal del mismo municipio Sergio Gil y la cuñada del ex alcalde Juan Escudero habían adquirido, en la misma notaría y el mismo día, el 21 de mayo del 2004, cuatro parcelas de 432 metros cuadrados (la mujer compró dos) en el plan parcial de Torre de Rame a un precio muy inferior al de mercado. Una decena de parcelas vendidas por el propio Ayuntamiento en el mismo plan parcial, en esa misma época, fueron adjudicadas a precios hasta un 288% más altos.
Las parcelas pertenecían a la constructora José Díaz García, a quien quince días antes el Ayuntamiento le había adjudicado, por 32 millones de euros, las obras de urbanización de dicho plan parcial.
José Ramón Jara, secretario de Política Municipal del PSRM-PSOE, indicó que las explicaciones del alcalde «han sido satisfactorias, ha demostrado que no hubo trato de favor y que pagó por la parcela el mismo precio que otros particulares que las adquirieron en la mismas fechas».
Jara precisó que Martínez Meca aportó documentos, escrituras y actas del Pleno con las que además «probó que él corrió con los gastos de urbanización que le correspondían y que la ampliación del presupuesto aprobada y que pagaron los principales propietarios fue porque se trataba de mejoras que ellos mismos habían propuesto».
El dirigente socialista señaló que, en consecuencia, «el partido apoya al alcalde y se da por satisfecho con sus explicaciones».
Negocios inmobiliarios
Con respecto al alcalde de San Javier, José Hernández, el PP no ha querido aún pronunciarse públicamente, a pesar de que el secretario general del partido, Miguel Ángel Cámara, anunció a finales de noviembre la apertura de una investigación interna cuyas conclusiones se darían a conocer «de forma rápida».
Sin embargo, La Verdad ha confirmado en fuentes populares que dicha investigación se ha dado ya por finalizada y con similares conclusiones a la abierta por el PSOE.
Las pesquisas del PP las han llevado a cabo el propio Cámara y el portavoz popular en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, que se han entrevistado en varias ocasiones con José Hernández y han analizado la documentación aportada por este sobre sus sociedades inmobiliarias, los acuerdos municipales adoptados en favor de sus socios y ex socios e incluso sobre su patrimonio personal.
La investigación se inició tras las informaciones publicadas sobre las sociedades mercantiles del alcalde con varios empresarios de San Javier, como Urdemasa, Himoinsa y Peinsa, a los que el Ayuntamiento les había aprobado proyectos urbanísticos y adjudicado varios contratos de obras públicas.
Este diario publicó también que la concejal de Medio Ambiente de San Javier, Eva María Pérez, compartió otra sociedad inmobiliaria con tres de las principales promotoras y constructoras del municipio, Urdemasa, Grimanga y José Díaz García.
En el PP consideran, según las fuentes consultadas, que el alcalde de San Javier ya no mantiene ninguna sociedad con promotores del municipio y que las obras adjudicadas lo fueron con todos los informes técnicos favorables.
José Hernández prestó declaración el pasado 14 de diciembre ante el fiscal en relación con la operación urbanística para facilitar los terrenos para el nuevo Hospital del Mar Menor, cedidos por el propietario de Urdemasa a cambio de la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados en el municipio.
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