La Fiscalía investiga si fueron ilegales la recalificación de Novo Carthago y la concesión del puerto de Las Salinas

La controversia política e inmobiliaria se ha convertido en un filón para la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. El fiscal jefe, Manuel López Bernal, ha decidido emprender dos nuevas investigaciones sobre la recalificación de terrenos y aprobación del proyecto urbanístico de Novo Carthago, y la concesión del puerto deportivo de Las Salinas, en San Pedro del Pinatar, para determinar si se produjo alguna ilegalidad en su tramitación.

Con estas dos nuevas investigaciones, el fiscal jefe tiene ya entre manos un total de diecisiete expedientes abiertos en la Región de Murcia relacionados con proyectos inmobiliarios y la actuación de políticos. Y todo ello sin que aún se haya cumplido un año desde la toma de posesión de López Bernal, producida el pasado 13 de enero.

Con la apertura de oficio de diligencias informativas sobre Novo Carthago y la dársena deportiva de Las Salinas de San Pedro, que adelantó ayer la agencia Efe, el fiscal se anticipa al propósito del Gobierno regional de trasladarle toda la documentación sobre ambos proyectos y así intentar acallar las acusaciones de supuestas irregularidades que desde el PSOE han arreciado en los últimos días.

Proyectos bajo sospecha

El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, expuso anteayer, en una reunión con alcaldes del PP en San Pedro, su intención de enviar al fiscal el expediente de Novo Carthago para que se demuestre que no se cometió ninguna irregularidad. El mismo día por la mañana, el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, hacía un anuncio idéntico sobre la concesión del puerto de Las Salinas y se comprometía a dimitir si se probaba alguna ilegalidad en su tramitación.

En ambos proyectos, la vanguardia de las críticas la ha llevado la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, quien también había anunciado su decisión de presentar sendas denuncias ante la Fiscalía.

Sobre Novo Carthago, Rosique denunció que se produjo «una recalificación a la carta» en favor de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, para la que trabajó Carlos Valcárcel, abogado y hermano del presidente regional.

Según el PSOE, durante el proceso de tramitación de la recalificación se obviaron dos informes oficiales de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura que planteaban reparos al proyecto y se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar el suelo de interés agrícola existente en la zona.

El proyecto de Novo Carthago abarca 567 hectáreas y prevé la construcción de unas 10.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y varios hoteles con una inversión aproximada de mil millones de euros. Parte de los terrenos -unas 40 hectáreas- pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa), pero Hansa Urbana se los compró a finales de octubre pasado.

Teresa Rosique denunció la pasada semana en la Asamblea Regional presuntas presiones realizadas por el Gobierno regional a los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto de Novo Carthago en un reunión celebrada en el palacio de San Esteban.

Sobre el puerto de Las Salinas, adjudicado en agosto del 2003, el PSOE ha denunciado que se adjudicó a dedo a un grupo de empresas entre las que figuraba Peinsa, que posteriormente tuvo negocios con el alcalde de San Javier, José Hernández, también investigado por la Fiscalía, y Victoria Alquileres S.L., propiedad de un amigo de la infancia del consejero Joaquín Bascuñana. Según Rosique, está adjudicación podría contravenir la Ley de Puertos regional de 1996, la de Contratos de la Administración, y la ley 4/97 de Construcción y Explotación de Infraestructuras, aunque Bascuñana lo niega.