¿Es necesaria una nueva ley del suelo?

Los graves casos de corrupción y arbitrio urbanísticos que vienen conmocionando a la opinión pública ponen de manifiesto el gran deterioro de nuestra política de ordenación territorial y urbanística, del que el propio mercado inmobiliario ha venido advirtiendo y frente a la que se hace indispensable un saneamiento efectivo asegurando la utilización del suelo conforme al interés general. En el año en el que se cumple el cincuenta aniversario de la Ley del Suelo de 1956, la que fue la primera ley española en la materia, el Gobierno ha promovido una reforma de la legislación concerniente al suelo.

¿Cuáles son las cuatro razones que hacen necesaria esta nueva normativa?,

En primer lugar una razón económica; la legislación vigente, impulsada por el PP en el año 1998, no ha producido los frutos por la que se desarrolló. Desde entonces hasta ahora, no se han producido mejoras en la competencia, en la eficiencia y transparencia del sector, transparencia que incluso el propio sector demanda, los precios del suelo urbano se han incrementado de forma sustancial, un 500% según el Banco de España; aunque se ha construido de forma considerable, las variaciones interanuales del precio de la vivienda libre han experimentado incrementos históricos hasta 2005 y la promoción de vivienda protegida ha tenido mínimos también históricos.

En segundo lugar por una razón medioambiental; dado el carácter liberalizador de la ley de 1998, caracterizada por el «todo el suelo es urbanizable menos el protegido» no se ha tenido en cuenta al suelo como un recurso natural, finito y de muy difícil regeneración, propiciándose un crecimiento del suelo urbano desde 1990-2000 del 24,5% sobre lo que ya había en 1990, con valores en torno al 50% para la Región de Murcia, el más alto de toda España. Solamente se ha considerado cuánto debemos crecer, no el cómo debemos crecer. Prueba de ello es que en nuestra Región, el 50% de superficie urbanizada de la década pasada, aunque con toda seguridad, se ha visto ampliamente superado con la explosión inmobiliaria sufrida a partir de la aprobación en el año 2001 de la Ley Regional del Suelo, el crecimiento de la población desde 2001 no ha seguido un camino paralelo, con un 16,11%, el de los hogares con un 23,4%, constatándose claramente el gran desequilibrio existente entre la demanda real y la oferta. Produciéndose, como de todos es sabido, una gran dispersión urbana con efectos claramente negativos para nuestra economía, nuestro bienestar y nuestro medioambiente (destrucción de paisajes y espacios protegidos, consumo de recursos escasos como el propio suelo, garantía en el suministro de agua, etc.).

En tercer lugar, por razones sociales; el urbanismo no solo produce solares, sino también ciudad, el medioambiente o el entorno en el que desarrollan la vida la mayor parte de los ciudadanos; por tanto tiene que cumplir con varios factores, primero, producir viviendas accesibles al conjunto de los ciudadanos a través de reservas de suelo para vivienda protegida, la ley recoge un mínimo del 25%; segundo, la necesidad de que prevalezca el interés general y la participación de los ciudadanos tanto en el modelo de ciudad que se pretende como en la inversión de las plusvalías en crear ciudad con las infraestructuras y dotaciones necesarias que repercutan positivamente en la calidad de vida de todos (problemas de tráfico, eficiencia energética, seguridad, sanidad, etc).

En cuarto lugar, por razones normativas; se hace necesario un giro en la normativa básica estatal sobre la de 1998, heredera directa de la ley de 1956, teniendo en cuenta los cambios y las circunstancias desde entonces, incorporando asimismo las políticas existentes en la Unión Europea relativas a las estrategias territoriales y de medioambiente urbano. Un necesario cambio en el sistema de valoración según sea la situación real del suelo y no la expectante, base y raíz de los fenómenos especulativos. La clarificación, como ninguna legislación lo hizo anteriormente, de los ámbitos competenciales estatales y autonómicos y lo que también es muy importante, considerar al ciudadano como el autentico beneficiario y destinatario de la ordenación territorial y urbanística con la creación de un estatuto en donde se recoge tanto sus derechos como los deberes frente a al uso, disfrute, disposición y destino del suelo.

David Illán es secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Comisión Ejecutiva Regional PSRM El autor opina que, ante los graves casos de corrupción urbanística que conmocional a la opinión pública, se hace indispensable un saneamiento efectivo asegurando la utilización del suelo conforme al interés general, de acuerdo con la nueva reforma de la legislación concerniente al suelo.