El Gobierno central se suma a los ecologistas para que no se construya en zonas de costa virgen

El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, se ha aliado con las organizaciones ecologistas y ha decidido darles la razón en su recurso contra la Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región. Técnicamente, la Administración central ha formulado su allanamiento a la demanda, con lo cual le da la razón a la Asociación Pro Litoral que está actuando contra el Gobierno regional. Coloquialmente, el Estado «se quita de en medio» en este proceso.

Pro Litoral está integrada por Ecologistas en Acción, Amacora y Anse, entre otros, y tiene como objetivo que los tribunales anulen las directrices del litoral. Consideran que están basadas en la Ley del Suelo, que a juicio de éstos desprotegió 15.000 hectáreas de espacios naturales. Sostienen los ecologistas que esta desprotección «supondría la urbanización de 85.000 hectáreas en el único tramo de costa virgen que queda en el litoral mediterráneo»; que llevaría aparejada la edificación de 800.000 viviendas, numerosos campos de golf, y la construcción de una dársena interior en Marina de Cope, entre otras actuaciones. Según la Asociación Ciudadana Pro Litoral, la inversión en esta franja de costa rondaría los 4.000 millones de euros, basándose en cálculos de la Consejería de Turismo.

Además de este recurso contra las directrices presentado en el tribunal superior de Justicia de Murcia, existe otro formulado hace cinco años ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Suelo de la Región por el mismo motivo.

Advertencia del CES

Las directrices del litoral fueron aprobadas por el Gobierno regional en el año 2004 pese a tener dos informes en contra de la Demarcación de Costas. En su momento, el Estado no recurrió, al parecer por criterios de prudencia; pero sí se tuvo que personar en calidad de co demandado cuando actuó la Asociación Pro Litoral. En la contestación de la demanda -realizada el pasado 17 de noviembre- el abogado del Estado, Juan Ramón Calero, tuvo que solicitar autorización expresa a los Ministerios de Justicia y de medio Ambiente para allanarse y dar la razón a Pro Litoral. Calero recibió para ello la orden de la Abogacía General del Estado.

Técnicamente, la Administración central considera que no se tuvieron en cuenta en su día los informes negativos de la Demarcación de Costas. En el terreno político, ya se sabía de antemano que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estaba en desacuerdo con las directrices del litoral del Gobierno murciano del PP.

Pese al alineamiento del Gobierno central, la demanda se encuentra en una fase inicial en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia. Un informe del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia advirtió precisamente de que se debía haber tenido en cuenta la opinión del Estado al aprobar las directrices del litoral murciano.

El abogado del Estado Juan Ramón Calero -anterior presidente regional del PP- es uno de los mayores expertos en legislación de costas. También se ha encargado de defender al Ministerio de Medio Ambiente en el conflicto de las obras de Puertomayor, actualmente paralizadas por el TSJ.