La ONU alerta de la «especulación urbanística desenfrenada»

Naciones Unidas alertó ayer sobre la «especulación urbanística desenfrenada» del mercado de la vivienda en España, y consideró que el Gobierno debería modificar el sistema de deducciones fiscales a la compra de inmuebles porque, en su opinión, se «está subvencionando a los promotores con dinero público».

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, se mostró muy crítico con el mercado de vivienda español y expresó su preocupación sobre el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna.

El enviado de la ONU, que presentó las conclusiones de su visita a España, a partir de las cuales elaborará un informe que será remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apostó por el fomento del alquiler y ensalzó algunas iniciativas del Gobierno para frenar la especulación, concretamente, la nueva Ley del Suelo.

Kothari, que ha visitado núcleos urbanos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas, Sevilla, Barcelona y Zaragoza en los últimos doce días, calificó la situación de la vivienda de «crisis nacional» y alertó sobre los problemas de acceso a la misma de una franja poblacional que comprende no sólo a los núcleos más pobres, si no también a las clases medias.

En este sentido destacó que muchas familias tienen que destinar del 50 al 60% de su renta al pago de hipoteca o alquiler de su hogar y que el 25% de la población residente en España no tiene acceso a una vivienda digna.

El representante de Naciones Unidas pidió al Gobierno español «voluntad política y económica» para ejecutar reformas sobre el mercado inmobiliario español y acabar con la «especulación desenfrenada» que existe en el mismo, que sólo beneficia a las promotoras. Sobre la modificación de las deducciones a la vivienda, aseguró que su reducción sería positiva para el mercado en general y aludió a un informe de la OCDE que establece que estas modificaciones fiscales reducirían los precios de los inmuebles de un 15 a un 30%.

Por otro lado, vinculó esta especulación a los escándalos de corrupción urbanística existentes en el país, asegurando que el caso de Marbella «es solo la punta del iceberg» de toda una serie de prácticas ilegales ligadas a la recalificación de terrenos. Por ello ensalzó iniciativas del Gobierno, como la nueva Ley del Suelo, y recomendó paralizar las recalificaciones de terrenos antes de que dicha normativa entre en vigor.