La Policía halla pruebas de que Roca medió en la compra de la finca Lo Poyo, pero no logra demostrar que sea suya

Estuvo ahí, pero no hay pruebas de que siga estando. Las intensas gestiones que desde hace meses vienen desarrollando especialistas en blanqueo de dinero de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, con sede en Madrid, han hallado pruebas de que el cartagenero Juan Antonio Roca ejerció como intermediario en la adquisición de la finca Lo Poyo por parte de un grupo de empresarios vascos, pero no han obtenido dato alguno que consiga demostrar que Roca uno de los verdaderos propietarios de esa extensa finca.

Fuentes próximas a la investigación, que se está desarrollando por indicación del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de marbella y coordinador de la denominada Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, han confirmado a La Verdad que la Policía está encontrando «enormes dificultades» para demostrar lo que hasta ahora no son más que meras sospechas, cuando no simples elucubraciones: que es Roca quien se encuentra, en último término, tras la compra de Lo Poyo y que los inversores vascos no serían sino testaferros del cartagenero.

ALGUNAS PISTAS

Estas sospechas tienen una cierta base: Juan Antonio Roca y uno de los compradores vascos de la finca, Francisco Javier Arteche Tarascón, son grandes amigos desde hace años y el segundo era un asiduo visitante del cartagenero en su despacho de Marbella, según se desprende de los testimonios prestados por personas próximas a Roca y que están recogidos en el sumario de la Operación Malaya.

Además, en la declaración que Juan Antonio Roca prestó ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el 31 de marzo pasado, poco después de ser detenido, reconoció explícitamente su amistad con Arteche y añadió que «cuando voy a Madrid, lo que hago unas dos veces por semana, me alojo en casa de mi amigo Javier Arteche».

Este empresario vasco fue quien el 11 de marzo del 2004 estampó su firma en el despacho del notario ante el cual se cerró la compraventa de Lo Poyo. Arteche actuó en representación del complejo entramado de sociedades que sus socios Agustín Aguirre y Luis María Maya Galarraga compartían con la caja de ahorros guipuzcoana Kutxa.

En esa misma declaración, Roca habría reconocido ante el juez haber cobrado comisiones de la mano de Arteche, por su mediación en la adquisición de terrenos por parte de este último.

Pues bien, las investigaciones realizadas por los expertos de la Policía Judicial en los últimos meses apuntan en ese sentido: los agentes han logrado comprobar el supuesto pago de multimillonarias comisiones a Roca por haber ejercido como intermediario en la compraventa de Lo Poyo, pero no han hallado -al menos, hasta ahora- ningún dato que les permita demostrar que Arteche y sus socios vascos no son sino testaferros del ex asesor de Urbanismo de Marbella.

MUCHO DINERO POR MEDIO

Otras fuentes consultadas por este periódico cifran el montante de la citada comisión en más de diez millones de euros (unos 1.800 millones de pesetas). Teniendo en cuenta que la finca fue vendida por la familia Armengol a los empresarios vascos y a la Kutxa por 219 millones de euros, esos más de diez millones de euros que habría recibido Roca suponen aproximadamente el 5% del importe de la transacción; algo que se corresponde con una comisión tipo por intermediación.

La investigación policial, todavía no concluida, habría demostrado a su vez el pago de otras comisiones vinculadas a la compra de esta finca. Pero esta vez, los pagos se habrían realizado por parte de Roca a personas que colaboraron con él para cerrar la transacción.

Además de la investigación general que el juez de Marbella Miguel Ángel Torres está desarrollando sobre las operaciones de blanqueo de dinero de Roca, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, tiene abiertas otras diligencias sobre Lo Poyo. éstas se derivan de la denuncia presentada por el PSOE por un presunto delito de tráfico de influencias o de trato de favor en la recalificación urbanística de esa gran finca. Los socialistas habían reclamado en su denuncia -desvelada íntegramente en su día por La Verdad- que se investigase la posible relación de los promotores de lo Poyo con la trama de corrupción de Marbella y, más en concreto, con el cerebro, Juan Antonio Roca.

ACLARACIÓN I Entre las fincas intervenidas por el juez no hay ninguna en el término de La Unión. Aunque figuran algunas inscritas en el Registro de la Propiedad de La Unión, éstas pertenecen al término de Cartagena.