Testaferros de Roca confiesan que éste es el auténtico dueño de fincas y urbanizaciones de la Región

El dinero robado huele a podrido. Y su hedor es tan intenso que resulta difícil tarea ocultar su rastro a los sabuesos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre todo cuando se roba a manos llenas. El cartagenero Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente, sabía bien de estos olores, pero vivía aparentemente tranquilo porque creía haber hallado el ambientador perfecto: un descomunal entramado de sociedades mercantiles, al frente de las cuales sólo figuraban personas de su absoluta confianza. Roca, omnipotente e invisible como un dios, todo lo controlaba desde las alturas.

Ahora, de ese oscuro reino sólo quedan los escombros. La investigación desarrollada desde noviembre del año pasado por especialistas de la Sección de Blanqueo de Dinero de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central), y del Grupo Tercero de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial de Málaga, acabó dando origen a la denominada Operación Malaya y con ella saltó por los aires el complejísimo montaje supuestamente diseñado por Roca para ocultar su ilícita fortuna.

Numerosas fincas, palacetes, obras de arte, coches de lujo, armas, millones en metálico..., han sido intervenidas y el presunto urdidor de la trama, Juan Antonio Roca, sigue encarcelado.

Lo que sigue es un resumen de aquellos tomos del sumario sobre los que el juez Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, ha levantado el secreto y a las cuales este periódico ha tenido acceso. Una documentación que permite conocer de qué forma Juan Antonio Roca ocultaba el dinero en la Región, quiénes eran sus testaferros y cuáles eran sus propiedades, así como intuir las actuales líneas de investigación de la Policía para seguir sacando a la luz ese enorme iceberg del que, hoy por hoy, apenas se conoce la punta.

CERTEZA MORAL Y PRUEBAS

Desde un punto de vista judicial, no resulta sencillo demostrar la pertenencia de un bien a una persona determinada cuando, como es el caso de Juan Antonio Roca, su identidad no aparece por lado alguno. Tan compleja es esa labor, que los expertos policiales que desencadenaron la Operación Malaya tienen la certeza moral de que el ex asesor del Ayuntamiento de Marbella (a quien ya le han sido intervenidas cerca de 200 bienes inmuebles de todo tipo en Los Alcázares, Cartagena, La Unión, San Javier, Torre Pacheco y Mazarrón) posee otras valiosísimas extensiones de terreno en la Región, pero a día de hoy, que se sepa, no han encontrado cómo probarlo.

Por fortuna, sin embargo, las investigaciones se han completado con éxito al respecto de otras muchas propiedades y los testaferros, gente de confianza que había situado al frente de las sociedades, han acabado confesando que no hay más dueño que Roca y que nada se movía sin el visto bueno del Jefe, como le conocían sus allegados.

MONTSE ES UN ASALARIADA

Es el caso de Montserrat Corulla Castro, abogada madrileña y considerada una de las principales testaferros de Roca, que figura como administradora única de la sociedad Condeor S.L.. Esta mercantil es propietaria en la Región de un hotel de cuatro estrellas y de la concesión de un aparcamiento subterráneo en Los Alcázares, así como de otras fincas en Torre Pacheco y San Javier.

Montserrat Corulla, Montse, como la llamaba Roca, acabó confesando todo cuanto sabía de la trama después de pasar unas semanas en prisión. Pero ya en su primera declaración había admitido que, aunque figuraba como administradora única de Condeor, sólo era una asalariada y que intuía que el propietario real de los bienes que administraba era Roca. «Me lo presentaron hace tiempo -declaró Corulla ante el juez- y Manuel Sánchez -un abogado también detenido- me dijo que era un asesor del despacho y que tenía que obedecerle en todo».

Respecto al dueño de Condeor S.L., Montserrat Corulla siguió aclarando al magistrado que «cuando íbamos al banco, Manuel Sánchez me decía que los propietarios eran él y Francisco Soriano (un abogado de Roca), aunque Juan Antonio Roca era quien actuaba como si fuera el propietario».

Corulla, considerada por el juez Miguel Ángel Torres la más importante de los testaferros de Juan Antonio Roca, estaba confirmando con sus palabras los muchos indicios que hasta el momento había reunido la Policía. «A Roca me lo presentaron como un asesor urbanístico -puede leerse en su declaración judicial, unas líneas más adelante- , pero era obvio que se trataba de la persona que daba las órdenes y que mandaba incluso por encima de Manuel Sánchez Zubizarreta. No se podían discutir las órdenes de ese señor, e incluso yo pensé que se comportaba más que como un asesor, al menos como un accionista».

UNA FINCA DE ENSUEÑO

Si con la declaración de Montserrat Corulla comenzaba a quedar más que claro quién era el dueño real de los bienes registrados en la Región -y en otras partes de España- a nombre de la sociedad Condeor S.L., otro tanto pasaba con la propiedad de la finca La Loma, una vasta extensión de terreno agrícola situada en término de Los Alcázares, que cuando se desencadenó la Operación Malaya iba a ser recalificada como urbanizable por parte del Ayuntamiento socialista del dimitido Juan Escudero y que, pese a estar registrada como propiedad de Vanda Agropecuaria S.L., presuntamente fue adquirida por Roca con el dinero procedente del saqueo de Marbella.

Así parece demostrarlo la confesión judicial prestada por el vecino de Torre Pacheco Ernesto Ramón Celdrán, quien hasta el momento es la única persona que ha sido detenida en territorio murciano por su supuesta vinculación con la trama de blanqueo de capitales montada por Roca.

«Hace unos años, Juan Antonio (Roca) me dijo que le fuera mirando parcelas por allí para comprarlas. Hace ocho años, aproximadamente, le compró una finca a un amigo mío y a partir de ahí fue comprando más parcelas, que constituyen la actual finca de Roca. Esta finca se llama Explotación Agrícola La Loma y está escriturada a nombre de Inmuebles Urbanos Vanda S.L.».

Una declaración que desvela la auténtica propiedad de los bienes escriturados a nombre de Vanda, otra de las mercantiles interpuestas de Roca para operar en la Región. Esta sociedad, además de La Loma, posee otra gran extensión agrícola en Los Alcázares, dos fincas en Torre Pacheco y terrenos que suman unas 75 hectáreas entre La Unión y Cartagena.

LOS LETRADOS MANTIENEN EL TIPO

Menos abiertos a reconocer cualquier relación de Roca con importantes intereses en la Región se han mostrado otros supuestos implicados en la trama, como Julio Blasco Bazo Garrido, administrador de Compañía Inmobiliaria Masdevallia y de One Properties, sociedades que desarrollan dos grandes urbanizaciones en Los Alcázares: Nueva Ribera y Nueva Ribera Beach. Esta persona, imputada por supuesto blanqueo, ha asegurado que «Roca era un asesor en temas urbanísticos para Masdevallia y One Properties; las únicas personas que daban órdenes (sobre esas sociedades) eran los miembros del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano».

Ni el juez ni la Policía dudan de que, también aquí, Roca es el amo.