Guerra de recusaciones a magistrados del Constitucional por el estatuto catalán

El PP recusó ayer a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, para que se abstenga o sea apartada de la tramitación del recurso que este partido presentó contra el Estatuto de Cataluña. La iniciativa se suma a la que ya presentó este partido contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, que colaboró en estudios previos a la elaboración del nuevo marco estatutario, y a la impulsada hace unos días por la Generalitat y el Parlamento catalán, que creen que el magistrado Roberto García Calvo tampoco es parcial y no debe intervenir en el caso.

La recusación presentada ayer por el PP argumenta que la presidenta del alto tribunal está casada con el catedrático Jesús Leguina Villa, que es uno de los autores del informe elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos del Parlamento de Cataluña que sirvió de base para elaborar la propuesta estatutaria en la cámara autonómica.

Fuentes del PP aseguran que esta iniciativa no tiene relación alguna con el resultado de las elecciones en Cataluña y que la coincidencia de fechas es "casual", aunque admiten que se esperó a la celebración de los comicios para no interferir en la votación de los catalanes. También es coincidencia que el pleno del tribunal hubiese fijado para hoy el inicio del debate sobre la recusación del magistrado Pérez Tremps.

La recusación de la presidenta del Constitucional es el tercer recurso que se produce en este procedimiento. En un principio, el PP recusó al magistrado Pérez Tremps por ser uno de los diez catedráticos que asesoraron al parlamento de Cataluña en la elaboración de la nueva norma y uno de los autores del dictamen que fue punto de partida del texto legal.

El Parlamento y la Generalitat de Cataluña, a su vez, reclamaron hace un par de semana la separación del caso del magistrado Roberto García Calvo con el argumento de que se decantó a favor de la admisión a trámite de un recurso anterior presentado por el PP contra la tramitación de la propuesta estatutaria en las Cortes Generales.

En el PP no falta quien, en privado, reconoce que la recusación de María Emilia Casas es una respuesta a la recusación de García Calvo, que consideran más una agresión que una reclamación fundada. En alto tribunal no se oculta el malestar por esa escalada de recursos entre las partes que ha sido recibida como una muestra de desconfianza sobre la imparcialidad y el rigor de la institución. La respuesta de Generalitat y Parlamento catalán podría ser ahora la recusación de los magistrados Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas, firmantes del mismo voto particular que su compañero García Calvo, lo que pondría al tribunal ante una situación harto compleja.

La Abogacía del Estado presentó ayer un escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que se «desestime de manera íntegra» el recurso presentado este jueves por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña.

El texto de los letrados de la Administración rebate una por una las alegaciones de los diputados populares y, sobre todo, hace hincapié en que el Estatut, en modo alguno, «discute su subordinación jerárquica a la Constitución».