Lo Poyo al hoyo

El PP y el Gobierno regional albergaban dudas sobre el proyecto de Lo Poyo desde hace meses. La decisión de pararlo estaba tomada, pero la forma en que finalmente se ha producido no era la prevista. La comparecencia del presidente, Ramón Luis Valcárcel, en la Asamblea el pasado miércoles para contestar una pregunta del portavoz de IU, Cayetano Jaime Moltó, sobre este asunto, precipitó los acontecimientos. Valcárcel respondió lo que tenía claro desde hace tiempo: la urbanización no se aprobaría «mientras yo sea presidente», pero las argumentaciones jurídicas y administrativas que debían justificar esta decisión para no dejar resquicio a posibles reclamaciones judiciales aún no estaban maduras. Alegar que no cumple una ley aprobada después de la presentación del proyecto no es suficiente, porque puede modificarse y adaptarse a dicha ley; y argüir su rechazo por razones morales es más propio una concepción ética que del derecho positivo.

El problema viene de lejos. Ya en febrero pasado, antes incluso de que se estallara la operación Malaya, Valcárcel expresó sus dudas sobre Lo Poyo a un dirigente ecologista en una entrevista celebrada en San Esteban. El PSOE llevaba meses clamando contra la urbanización masiva. El rechazo empezaba a calar en la opinión pública y en el PP no tenían claro quiénes eran los empresarios que junto con la Kutxa habían comprado en marzo de 2004 la finca y proponían ejecutar el proyecto de urbanización pretendido desde hacía años por los Armengol, sus primeros propietarios. Los nuevos, además habían pedido un aumento de edificabilidad y el Ayuntamiento de Cartagena, en septiembre de 2005, había reanudado la tramitación del proyecto aprobando inicialmente la recalificación de las 510 hectáreas de la finca, por lo que la decisión de seguir o no adelante estaba ahora en manos del Gobierno regional.

Los Alcázares y Cartagena

A partir de marzo de este año, se desata la operación Malaya y comienzan a conocerse las ramificaciones de los negocios y relaciones de su supuesto cerebro, Juan Antonio Roca. Se descubre que los tres socios vascos que compraron Lo Poyo, Francisco Javier Arteche, Luis María Maya y Agustín Aguirre, comparten negocios con Roca, quien admite incluso haber cobrado comisiones por la compraventa de la finca y al que se le encuentran documentos sobre ella.

La relación del cabecilla de la trama de corrupción de Marbella con Lo Poyo supone la sentencia para el proyecto. El PP, que había puesto en la picota al alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, por autorizar y presuntamente favorecer negocios de Roca en este municipio, no podía permitir que el PSOE hiciera lo mismo con la alcaldesa popular de Cartagena, Pilar Barreiro.

Deseosos por devolver el golpe recibido en Los Alcázares, los socialistas, a través de su portavoz en la Asamblea, Teresa Rosique, habían empezado en abril a denunciar las conexiones entre la trama marbellí y Lo Poyo y a medida que las revelaciones de la investigación confirmaban este hecho endurecieron sus acusaciones.

El problema del Gobierno regional radicaba en cómo enterrar un proyecto en trámite sin incurrir en una arbitrariedad o, aún más grave, en prevaricación. Una posible salida era aplazar la aprobación del proyecto lo más posible. La Consejería de Medio Ambiente decidió aplicar con todo rigor, en plazos y exigencias, la legislación ambiental e iniciar una nueva declaración de impacto ambiental, ya que la aprobada en enero del 2005 quedó en papel mojado tras la modificación del proyecto para incluir una mayor edificabilidad. Pero eso sólo suponía dar largas.

Una solución más favorable provino, paradójicamente, de las filas socialistas. En abril, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba una nueva ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, derivada de una normativa europea, que establecía requisitos nuevos y más rigurosos antes de aprobar urbanizaciones como la de Lo Poyo.

Dudas técnicas

Ésta es la ley que, según Valcárcel, no cumple el proyecto y con la que justificó el pasado miércoles su decisión de paralizarlo. Sin embargo, los técnicos de Medio Ambiente no están del todo convencidos de que esta norma, que tiene carácter retroactivo pero limitado, sea aplicable a Lo Poyo, por lo que han solicitado al Ayuntamiento de Cartagena que les comunique la fecha exacta en que arranca el expediente para determinarlo con toda seguridad.

En cualquier caso, la aplicación de la ley 9/2006, de 28 de abril, permitiría dilatar la tramitación, pero si los promotores reajustan el proyecto a sus prescripciones podría seguir adelante en el futuro.

Valcárcel preparó con la Consejería de Obras Públicas de Joaquín Bascuñana su respuesta sobre Lo Poyo en la Asamblea, cuando era la de Medio Ambiente la que disponía de todos los datos sobre cómo se encontraba el expediente, lo que quizás explique por qué el presidente no justificó con la suficiente solidez su rechazo al proyecto.

La forma más eficaz de parar los pies a Lo Poyo no estaba en manos de consejería alguna, sino del propio Ayuntamiento de Cartagena que amparó y bendijo el proyecto hasta que la operación Malaya lo ensució. La alcaldesa Pilar Barreiro llevaba semanas dándole vueltas al asunto, incluso trató de pasarle el problema al Ministerio de Medio Ambiente al proponerle que comprara los terrenos para protegerlos.

Frente cerrado

La solución elegida al final consiste en incluir Lo Poyo en una gran zona de 2.000 hectáreas no urbanizables junto al Mar Menor en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que elabora el consistorio. Lo más probable es que Barreiro pensara guardarse la propuesta para la campaña electoral, pero el anuncio de Valcárcel el miércoles le obligó a lanzarla al día siguiente.

Con la aprobación del nuevo plan general, previsto para los próximos meses, se rectificaría la recalificación de la finca aprobada inicialmente, que quedaría sin efecto y, según las fuentes consultadas, los propietarios no tendrían derecho a indemnización ya que la tramitación no se concluyó ni había un acuerdo firme y definitivo.

Con la anulación del proyecto de Lo Poyo, el PP puede haber acabado con uno de los principales frentes de ataque del PSOE, que incluso denunció este caso ante el Fiscalía. Pero también ha provocado la reacción de los empresarios de la construcción, recelosos de la decisión de Valcárcel y Barreiro. Al mismo tiempo, sin quererlo, ha generado que los focos de la oposición y los ecologistas se dirijan ahora hacia Novo Carthago, urbanización vecina de la anterior en el Mar Menor y a la que le favorece la eliminación de un competidor director.

Con Novo Carthago tienen relación los dos hermanos Valcárcel, aunque de manera distinta. El jefe del Ejecutivo autónomo asistió en junio del 2003 a la presentación del proyecto, junto con una selecta representación del Gobierno y del PP, cuando la CAM aún participaba en él, y su hermano Carlos, el abogado, asesoró a la promotora que lo desarrolla, Hansa Urbana. Dos vínculos circunstanciales pero suficientes para que el PSOE hinque los dientes en ello.

En Novo Carthago participan también Metrovacesa y los mismos tres empresarios guipuzcoanos presentes en Lo Poyo y socios de Juan Antonio Roca, aunque sólo con algo más de 40 hectáreas (menos del 10% del total del proyecto). Elementos de sobra para que la polémica siga instalada en el Mar Menor.