Agua ni para paellas

Aunque no admitido oficialmente, la percepción de un cambio de estrategia tiene fecha: el 14 de julio del año pasado, cuando el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, asistió en Murcia a la manifestación convocada por los regantes del Segura para reclamar agua, defender la vigencia del Trasvase del Tajo y exigir soluciones definitivas al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La presencia de Rajoy en Murcia a favor del Acueducto Tajo-Segura fue ampliamente criticada en Castilla-La Mancha por el PSOE y varias organizaciones agrarias de la región vecina que propusieron incluso declarar persona non grata al líder nacional del PP. Las críticas se cebaban en que el máximo representante del partido de la oposición no podía salir a la calle alineándose con una región determinada en mitad de un serio conflicto territorial como éste. Los populares castellano-manchegos se encontraron esos días contra las cuerdas sin apenas poder reaccionar, con el disgusto que les había propinado su jefe de filas. Aquello todavía les sigue pasando factura.

En menos de un año, el mensaje de la calle Génova en torno a los trasvases se ha diluido y desdibujado hasta situarse en una especie de tierra de nadie: ha pasado de las firmes promesas de que «el Trasvase del Ebro se construirá cuando volvamos a gobernar» a la práctica ausencia de referencias a esta obra en la doctrina oficial del PP y en las declaraciones de Mariano Rajoy. Eso se ha comprobado en Murcia, en Valencia y recientemente en la Fiesta del Pilar en Zaragoza.

Asimismo, el partido de la oposición, al igual que el PSOE nacional, deja que sus dirigentes regionales tomen decisiones de política hidráulica estatal blindando sus estatutos de autonomía contra los trasvases. Está sucediendo estos días en Aragón y en Castilla-La Mancha. La incapacidad manifiesta de alcanzar un pacto de Estado sobre el Agua entre el Gobierno y la oposición -la historia les pasará factura- no ha impedido que el PP y el PSOE se alíen territorialmente para impedir los trasvases.

¿SOLOS VALCÁRCEL Y CAMPS?

Castilla-La Mancha, a por todas

¿Se han quedado solos los presidentes autonómicos de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, en la reclamación del Trasvase del Ebro y la continuidad del Tajo-Segura? ¿Se ha roto el discurso unitario del PP en materia de agua, algo que antes se reprochaba en exclusiva a los socialistas? Cada día que pasa quedan pocas dudas, al menos de lo segundo. El único mensaje unitario que le queda al PP es que la derogación del Trasvase del Ebro por parte del Gobierno socialista en junio del 2003 ha fracturado la política hidráulica nacional y ha dejado la puerta abierta para reclamar también la caducidad del Tajo-Segura. A partir de ahí, sálvase quien pueda.

En Castilla-La Mancha, el debate sobre el estado de la región celebrado el pasado día 11 dejó como principal titular que el PP y el Gobierno socialista de José María Barreda se han puesto de acuerdo para ponerle fecha de caducidad al acueducto Tajo-Segura. Barreda y la portavoz del PP, Ana Guarinos, sólo difieren en la fórmula: el primero quiere que quede reflejado en la reforma del Estatuto de Autonomía, y la segunda a través de una ley específica. No hay problema. Guarinos declaró que «nos vamos a poner de acuerdo. Mañana es un buen momento para empezar a trabajar». Una puntualización: cuando se habla de fecha de caducidad, las Cortes de Castilla-La Mancha no discriminan entre regadíos y abastecimientos, por lo que se entiende que el cierre de ese grifo afectaría a todos los usos.

LOCOS POR CERRAR EL GRIFO

Sequía para todos

La candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, declaró el domingo pasado en ABC que mientras haya sequía en su región no debía salir una gota de agua a la cuenca del Segura. Un hábil argumento que no la compromete demasiado (siempre se puede declarar oficialmente una sequía); pero los hechos -la resolución de las Cortes- se imponen sobre las declaraciones. Ya hubo un intento anterior de fijar una fecha de caducidad, a pocos años vista, en la reforma del Estatuto manchego, que se retiró inmediatamente debido al revuelo causado. El portavoz socialista, José Molina, lo atribuyó a un primer borrador de trabajo, pero la intención está ahí.

Legalmente, la reducción progresiva de los envíos de agua del Tajo al Segura tiene cobijo en una disposición transitoria de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que arranca de la etapa del PP y que el PSOE ha perfeccionado -en la jerga socialista- reconociendo por vez primera los derechos de la cuenca receptora. Según esa disposición, el cierre paulatino del grifo sólo puede realizarse cuando técnicamente estén garantizados los abastecimientos para la población y los regadíos de Murcia, Alicante y Almería (léase con desalinización).

Por lo tanto, en rigor se atisba un primer conflicto, ya que el Estatuto de Castilla-La Mancha no puede ir en contra de la ley del Plan Hidrológico. El segundo conflicto es que invade claramente las competencias del Estado en cuanto a la planificación hidrológica y la unidad de cuenca.

El agua no ha perdido su condición de granero de votos. Bien al contrario. Pese al acuerdo en las Cortes, en Castilla-La Mancha siguen peleándose PP y PSOE por ver quién saca mayor provecho electoral. El viceportavoz socialista, José Manuel Caballero, ha declarado que «en el PP siguen sin decir no al trasvase. Han estado inventando artificios legislativos para decir que no mientras intentaban aparentar cómo decían que sí».

Ante eso, el diputado del PP Leandro Esteban ha contestado que «la iniciativa legislativa que vamos a plantear pondrá fin al trasvase y puede ser más rápida en su tramitación que el Estatuto. En ese momento veremos quién dice la verdad y quién miente porque para terminar con el trasvase lo que hace falta son ganas de hacerlo y menos marear la perdiz, que el PSOE va para 25 años aquí». En el fondo, una escalada verbal que radicaliza los discursos.

RAJOY EN EL PILAR

Lo que no dijo

«Mi posición en política hidráulica es la de siempre. Seguiré trabajando para que en Murcia y la Comunidad Valenciana tengan agua», declaró Mariano Rajoy el miércoles en Zaragoza, en la víspera del Día del Pilar. Añadió que luchará para que todos los españoles tengan agua y que no tiene pensado cambiar nada del nuevo texto del Estatuto de Aragón, que ya ha discutido con sus compañeros de aquella comunidad y que le parece plenamente constitucional. Lo que no dijo Rajoy es que se construirá el Trasvase del Ebro cuando llegue al Gobierno. De hecho, ni aludió a éste.

El nuevo Estatuto de Aragón pactado entre PSOE-PP y PAR prevé, por un lado, el rechazo a cualquier trasvase futuro del Ebro, manteniendo a la vez la unidad de cuenca. Y en segundo lugar, y como exigencia de los populares, una reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos de recursos del Ebro para uso futuro y exclusivo de Aragón.

No hace falta explicar que esos caudales -muy por encima de lo que consume ahora todo aquel territorio- mermarían considerablemente los excedentes en la desembocadura, y por ende sobrantes para un hipotético trasvase a las cuencas del sur. O sea, el equivalente a seis trasvases como el que proyectó el PP. ¿Cómo se puede reivindicar que se construya ese acueducto sobre la base de que sobra agua que se arroja al mar, y al mismo tiempo dejar en reserva la mitad de esos volúmenes? Con esa hipoteca, que Rajoy considera «una prioridad» para Aragón, resulta complicado que haya agua para todos.

TENSIÓN INTERNA

El Ebro puede esperar

La pérdida de entusiasmo del PP nacional por el Trasvase del Ebro ya se percibió en julio pasado en Murcia, en el acto de proclamación de Ramón Luis Valcárcel como candidato a la presidecnia de la Comunidad. Rajoy dedicó dos frases al agua y no habló del Ebro. Hace dos semanas sucedió lo mismo en Valencia, durante un acto político para arropar al presidente Francisco Camps. Subrayan desde el Gobierno de Aragón que ha habido un rifirrafe de fondo entre el PP aragonés y el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, puesto que este último mantiene abierta la opción trasvasista frente a la negativa de las filas de Gustavo Alcalde. Un representante regional del PP llegó a declarar que a partir de ahora no habría agua para Murcia y Valencia «ni para paellas». Los populares aragoneses consideran que ya han sufrido en los últimos años demasiado desgaste y pérdida de votos a causa del Trasvase del Ebro.

'RENUNCIO' EN MURCIA

Se cruzan los cables

En la Región de Murcia se ha producido un hecho singular en el aparato del PP, que habrá que achacarlo de entrada a la falta de coordinación entre el Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional y la directiva popular. El martes, el portavoz Juan Carlos Ruiz explicó en rueda de prensa que en aras a reeditar el Pacto del Agua del año 1994 con el PSOE y recabar su apoyo, se eliminaría la alusión directa al Trasvase del Ebro, siempre que quede claro que la Región debe cubrir su déficit de 450 hectómetros anuales con aportaciones externas, entre ellas las del Tajo Medio.

Al día siguiente, la secretaria de Política Social del PP, Ascensión Carreño, puntualizó en un comunicado que «en ningún momento renunciamos al Trasvase del Ebro». Explicó que se incluirá en el nuevo Estatuto murciano «porque sigue siendo una prioridad». Este matiz -la posible alusión directa- introduce un elemento nuevo, ya que lo que se conocía hasta ahora, a través del Gobierno regional, era la intención de calcar el Estatuto valenciano, en el sentido de reclamar los excedentes de agua que hubiera en otras zonas de España y a los cuales tienen derecho las cuencas estructuralmente secas.

Desde las filas del PSOE murciano se le recuerda periódicamente a Ramón Luis Valcárcel las declaraciones que hizo en el año 2004, en el sentido de que dejaría de reivindicar el Trasvase del Ebro una vez que fuera derogado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por entender que su insistencia no iba a hacer cambiar de opinión al PSOE. Pasaron pocos días, quizás horas, para que Valcárcel volviera a exigir -hasta hoy, mañana y pasado- el derogado Trasvase del Ebro vía bancos de agua.

DE POLVOS Y LODOS

La posición de Valcárcel

¿Y qué piensa el PP de Valcárcel de sus compañeros de Aragón y de Castilla-La Mancha, contrarios a los trasvases? Como principal hilo argumental, el secretario general de la Presidencia, José Antonio Ruiz Vivo, sostiene que Rodríguez Zapatero, aplaudido por Pedro Saura, «abrió la espita de la insolidaridad» territorial cuando derogó el Trasvase del Ebro. Recuerda que, en el caso de Castilla-La Mancha, fue el propio Barreda quien dijo en Murcia que, derogado el Ebro, había que hacer lo mismo con el Tajo; puesto que no se entendía que se eliminara un trasvase en la desembocadura y se dejara otro en cabecera. «De aquellos polvos vienen estos lodos», subraya el secretario de la Presidencia. A partir de ahí se interpreta desde Murcia la postura del PP manchego, con el añadido de que no es lo mismo estar en la oposición que gobernando, ya que corresponde al PSOE poner soluciones a la falta de agua. Ruiz Vivo, no obstante, subraya que el PP nacional apoya los trasvases, y que el del Ebro se construirá.

El diputado popular Alberto Garre, por su parte, quita hierro al Estatuto de Aragón. Por un lado considera una contradicción que se opongan en Zaragoza a los trasvases mientras que al mismo tiempo se postula la unidad de cuenca. Por otro lado, considera legítimo que Aragón se reserve esos 6.550 hectómetros anuales en su condición de territorio cedente.

EL AFEITADO

Zapatero mueve ficha

El Estatuto de Cataluña es un precedente que marcará el devenir del resto de estatutos en materia hidráulica, señala el secretario general del PSRM-PSOE y diputado nacional, Pedro Saura. Las aspiraciones catalanas de controlar su tramo del Ebro se han recortado, y lo mismo sucederá con Aragón y Castilla-La Mancha en tanto que invadan competencias del Ministerio de Medio Ambiente. La historia reciente demuestra, sin embargo, que la voluntad política de hacer o de derogar está por encima de las leyes al uso.

La mecánica es muy simple: el agua juega electoralmente a favor del Partido Popular en Murcia y en la Comunidad Valenciana; y a la contra en Aragón -que ya lo ha sufrido en sus carnes- y en Castilla-La Mancha. Es cuestión de hacer números y de elegir.

Valcárcel y Saura todavía tienen un duro trabajo por delante para buscar unanimidades y complicidades entre sus compañeros de filas de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Ferraz y de Génova; aunque quizás sea demasiado tarde. En el caso de Valcárcel, éste ya jugó fuerte para convencer a un Aznar indeciso pero con mayoría absoluta. Lo que quede de aquella unanimidad se verá muy pronto en los programas electorales del PP.

Un siglo después gana valor aquella doctrina de que la política hidráulica es algo tan serio que sólo puede quedar en manos del Estado.