El Gobierno garantiza que el término nacional podrá aplicarse a las instituciones estatales en Cataluña

El Gobierno avisó ayer a CiU de que la utilización del término nacional en las instituciones no se podrá aplicar en exclusiva a los organismos de la Generalitat de Cataluña. Los ahora principales socios parlamentarios del Ejecutivo han presentado una iniciativa en el Parlamento autonómico para que las instituciones del Estado no puedan llevar aparejado esta vocablo en Cataluña. El Ejecutivo dejó claro que el término podrá ser empleado por las instituciones estatales y por las autonómicas. La propuesta es, a ojos del PP, la primera consecuencia del 'Estatut'. Para la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, nada por lo que preocuparse.

La número dos del gabinete de Zapatero garantizó ayer en el Congreso que los deseos de la formación nacionalista no se harán realidad, pero al mismo tiempo reprochó al principal partido de la oposición que haga ruido por la utilización de un término que, a su juicio, es tan «pacífico como la sociedad catalana». «Tranquilícense -demandó--porque la experiencia de los últimos 30 años ha demostrado que como país tenemos un gran futuro por delante».

La respuesta no satisfizo al secretario general del PP, Ángel Acebes, quien pidió concreción sobre cuál será la reacción del Gobierno en caso de que la proposición sea aprobada por la cámara autonómica. Los 'populares' creen que exigiría un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero Fernández de la Vega dejó esta cuestión en el aire y trató de quitar hierro a la discusión al recordar que desde hace 26 años, incluidos los ocho años que gobernó el PP, existen en Cataluña una fiesta nacional, un himno nacional y un Archivo Nacional de Cataluña y no ha ocurrido nada.

Soberanía

La batalla sobre el Estatut en la sesión de control al Gobierno no se limitó a este tema. Mariano Rajoy recriminó también a José Luis Rodríguez Zapatero que mediante la aprobación del nuevo texto se haya sustraído a las Cortes Generales, «donde reside la soberanía», la capacidad de decidir sobre cómo debe invertir el Estado sus recursos. El texto, que ahora se debatirá en el Senado, fija una inversión para Cataluña similar a su contribución al PIB, es decir el 19%, entre 2007 y 20013.

El problema, para el presidente del PP es que cada comunidad exigirá que se aplique ese mismo criterio o el que le resulte más conveniente, por ejemplo población o dispersión, lo que, a su juicio, deja al Parlamento maniatado. Zapatero replicó que el Estatuto de Cataluña, como el resto de los estatutos de autonomía, también lo aprueban las Cortes Generales.