Sostenibilidad ecológica y social del agua en la Región de Murcia: una necesidad inaplazable

En diciembre pasado tuve la oportunidad de impartir una conferencia en Brasil en un encuentro internacional sobre el agua, donde expuse las ideas clave que suscribí como firmante de la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, junto a otros 100 expertos europeos en febrero de 2005. En dicha conferencia avancé las cuestiones esenciales que a mi juicio son necesarias para una mayor sostenibilidad ecológica y social del agua en zonas áridas y que quisiera compartir desde este pequeño artículo.

Cuando hablamos de sostenibilidad conviene recordar que una de sus premisas más básicas es la aceptación de que existen límites al crecimiento. Contra cierto optimismo tecnológico, no cabe pensar que los recursos hídricos renovables son siempre sustituibles a través de la tecnología. La experiencia demuestra que tales utopías esconden facturas caras. Los trasvases, la sobreexplotación de acuíferos y la desalación pueden sostener localmente durante un cierto tiempo economías que han crecido más allá de sus límites, pero ninguna de estas estrategias es de aplicación global o indefinida. Por ello, es necesario plantearse seriamente que el consumo de recursos hídricos no puede crecer de forma permanente y que en algunas zonas dicho consumo ha sobrepasado con creces cualquier umbral de sostenibilidad.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, España es el tercer país europeo con mayor presión sobre los recursos hídricos, sólo superado por dos islas: Malta y Chipre. Pero la situación de la cuenca del Segura es mucho más grave, al tener el mayor grado de presión sobre los recursos hídricos de toda Europa (un índice de explotación del 250% de todos sus recursos renovables, que supone multiplicar por 10 el valor máximo admisible según la Agencia Europea de Medio Ambiente). Esta insostenible situación está provocando la desaparición de los caudales ecológicos, la degradación de las riberas, pérdidas de biodiversidad y de especies tan emblemáticas como la nutria, la contaminación de las aguas, el agotamiento de los acuíferos o su salinización, la desaparición de fuentes y manantiales, la pérdida de humedales y la degradación del paisaje.

La vieja diferenciación entre la prioridad de los usos urbanos, agrarios e industriales, tomados como un todo, ha dejado de tener validez o utilidad. El denominado consumo urbano, incluye desde necesidades de supervivencia humana básicas hasta actividades turísticas y residenciales a gran escala que responden exclusivamente a criterios mercantiles, como muy bien sabemos en esta tierra con el actual boom urbano-turístico. Lo mismo cabe decir del regadío, donde se mezclan desde regadíos tradicionales de enorme valor ambiental y social a regadíos intensivos muy tecnificados de grandes empresas, perfectamente legítimos, pero que no tienen un interés ambiental o social. Por ello, es necesario replantear las prioridades y los derechos de acceso al agua sobre bases completamente nuevas.

Hay que priorizar, no según qué tipo de sector socioeconómico consume el agua, sino según las funciones del agua, distinguiendo tres niveles de prioridad:

1º) Agua-vida. Engloba las funciones esenciales del agua, que incluyen las necesidades domésticas básicas y las funciones ambientales del agua como caudales ecológicos, mantenimiento de ecosistemas y de algunos agropaisajes de alto valor ambiental como los regadíos tradicionales bien conservados de las vegas fluviales.

2º) Agua-interés general. Incluye las funciones de interés social, como el abastecimiento urbano en general y el mantenimiento de regadíos sostenibles de interés social.

3º) Agua-negocio. Abarca toda utilización del agua como mera materia prima en las actividades económicas, ya sea en la producción hortofrutícola, la industrial o en las actividades urbano-turísticas. Estos usos económicos sólo deben acceder al agua que no sea necesaria en los usos anteriores (funciones esenciales y funciones de interés social) desde la racionalidad económica, bajo responsabilidad pública y pagando el precio real del agua.

Además, necesitamos avanzar con seriedad y rapidez en las nuevas exigencias de la Directiva Marco del Agua: cambiar los objetivos a perseguir, desde un planteamiento de fontanería o mera satisfacción de las demandas, a conseguir y preservar el buen estado ecológico de los ríos, humedales, acuíferos, áreas costeras y ecosistemas asociados; impulsar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión del agua; democratizar las instituciones de manejo del agua, con iniciativas como la de crear un Parlamento del Agua en el seno de las Confederaciones; partir de un nuevo marco científico, técnico y administrativo, que incorpore en las Confederaciones y otros órganos de gestión del agua a profesionales (economistas, biólogos, sociólogos) de ámbitos hasta ahora ausentes de los mismos, como expertos en caudales ecológicos y ecosistemas ligados al agua o expertos en gestión económica del agua en el diseño de estrategias que favorezcan la participación ciudadana. Algunas iniciativas apuntan, aunque sea a título de ejemplo, a este imprescindible cambio de rumbo, como el Proyecto Nutria desarrollado por Ecologistas en Acción con la colaboración, entre otras entidades, de la Confederación Hidrográfica del Segura, centrado en la conservación de la nutria y la recuperación del bosque de ribera a través de la máxima participación social y de entidades de diverso tipo. Devolvámosle entre todos a la nutria, todavía vecina nuestra, los trozos de río que le hemos ido arrebatando. También nos lo estaremos devolviendo a nosotros mismos.

Julia Martínez Fernández es doctora en Biología, investigadora de la Universidad de Murcia y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.