Pacto político para una ley integral del Mar Menor tras blindarse la de Medidas Urgentes

Los tres partidos de la oposición sacaron adelante ayer en la Asamblea Regional la polémica reforma que endurece la ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el Entorno del Mar Menor, aprovechando la minoría parlamentaria del PP, que votó en contra. Era lo esperado. Sin embargo, inmediatamente después secundaron la propuesta del partido que sostiene al Gobierno murciano para comenzar a trabajar en una ley integral que aborde en profundidad los problemas de la laguna y proponga más soluciones técnicas para su recuperación ambiental. Los portavoces de los grupos parlamentarios hicieron suya esa idea y la ponencia de la Comisión del Mar Menor, que se encargará de elaborar la proposición de ley, tiene previsto reunirse el lunes. No hay tiempo que perder, pese a que nadie garantiza que esa misión pueda estar acabada antes de la disolución de la Asamblea por el final de legislatura, en la primavera de 2019.

El nuevo texto de la ley de Medidas Urgentes fue aprobado en un tenso Pleno que comenzó con una petición de suspensión del PP, que forzó una votación y logró un empate a 22 votos debido a la ausencia en el hemiciclo de María Giménez, de Podemos, que había salido a beber agua. Tras la anécdota, otra votación permitió iniciar la sesión con más de media hora de retraso, debido a una improvisada reunión de parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos, que generó las protestas del PP. El portavoz de este grupo, Víctor Martínez, pidió explicaciones a la presidenta del Parlamento, Rosa Peñalver, por esa concesión injustificada que ella atribuyó a una petición de los tres grupos. Aunque Miguel Sánchez, de Cs, lo negó.

El nuevo texto legislativo contiene las medidas más contestadas por los agricultores del Campo de Cartagena, quienes valoran en unos 500 millones de euros los costes de su aplicación. Entre ellas, destaca la implantación de una serie de actuaciones para favorecer la retención y regulación de aguas en los bancales, el control de escorrentías, la absorción de nitratos agrícolas y la protección del suelo frente a la erosión. Así, las fincas cultivadas deberán establecer unas barreras con vegetación autóctona con todos esos fines, estará prohibida la aplicación de todo tipo de fertilizantes en cultivos situados a menos de cien metros del agua, también la utilización durante los meses de verano de estiércol con un volumen de nitrógeno superior al 3% y será obligatorio destinar el 5% de la superficie de cada explotación a sistema de retención de nutrientes. Los fertilizantes de solubilidad alta y potencialmente contaminantes quedan prohibidos. Tampoco se permitirá la creación de nuevas superficies de cultivo o ampliación de las existentes en las 131.000 hectáreas de ribera y cuenca del Mar Menor afectadas por la ley. Su aplicación se realizará progresivamente por zonas, durante los próximos tres años. Quienes no lo cumplan se enfrentarán a sanciones de hasta 100.000 euros.

Durante el debate, fue rechazada la modificación sobre la marcha de siete enmiendas, tal y como proponía el PP para suavizar las condiciones de las medidas a implantar. El diputado del PSOE Antonio Guillamón defendió la necesidad de hacer todo lo contrario, debido a la gravedad de la situación en el Mar Menor. En su opinión, los partidos de la oposición han mejorado con asesoramiento técnico un decreto «inútil» del Gobierno regional.

La diputada de Podemos María Giménez eludió las críticas del PP y de organizaciones agrarias sobre los posibles perjuicios de la ley para el campo. «Estas medidas no deben ser un pulso entre los ecologistas y los agricultores. Son la garantía para la agricultura del Campo de Cartagena con el máximo sello de calidad y sostenibilidad», destacó Giménez, tras defender la necesidad de transformar el sector hacia la producción ecológica. Además, compartió la responsabilidad del campo sobre el estado de la laguna con el «urbanismo salvaje» y actividades como la minera. Aun así, Giménez defendió que las enmiendas «son un golpe en la mesa» y una victoria ante el PP, al que pidió «echar del gobierno».

Ciudadanos también defendió la coherencia de su trabajo para intentar remediar el «enorme desastre medioambiental» del Mar Menor, según dijo Luis Fernández. Este pidió en el pleno una ley integral para la laguna, aunque su abstención impidió a Podemos y PSOE sacar adelante una propuesta para imponer al Ejecutivo murciano unos plazos para elaborar un proyecto de ley.

Solo el PP defendió la validez del decreto de Medidas Urgentes del Mar Menor aprobado por el Gobierno regional la pasada primavera, porque actúa de «forma combinada» para resolver la crisis ambiental en la albufera. El diputado Jesús Cano aseguró que las enmiendas de la oposición perjudican gravemente a la agricultura, no benefician en nada al Mar Menor y, además, dividen a la sociedad. Incluso vaticinó que muchas empresas agrícolas sacarán sus cultivos del Campo de Cartagena como consecuencia del endurecimiento de las medidas protectoras. Intentó incluso convencer al PSOE para que no apoyara el cambio legislativo a debate y para ello utilizó las manifestaciones de su secretario general, Diego Conesa, admitiendo incongruencias en el texto final, como poner setos que necesitan riego en campos sin agua. Pero no tuvo éxito.