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La nueva subida del catastro aprobada en el último Consejo de Ministros del pasado año, y que permitirá a 1.296 ayuntamientos de toda España aumentar en 2018 el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a sus vecinos, apenas afectará a los murcianos.
Solo uno de los siete municipios de la Región de Murcia que solicitaron revisar el catastro este año subirá el valor de los bienes inmuebles sobre el que se aplica el IBI. El efecto de la revisión en los otros seis supondrá una rebaja de dichos valores, lo que se traducirá en una disminución de este impuesto.
Los vecinos que verán reducir este año el valor catastral de sus inmuebles son los de Abanilla, Águilas, Bullas, Cieza, Jumilla y Ojós. Mientras que Totana es el único municipio en el que subirán. En los otros 38 ayuntamientos de la Región no habrá cambios en el catastro a lo largo del presente ejercicio.
La mayor bajada del catastro la disfrutarán los vecinos de Águilas, con descenso de un 9%. Para los bienes radicados en Abanilla, Bullas, Cieza, Jumilla y Ojós, la reducción de los valores será de un 4%. Por el contrario, en Totana la subida prevista es del 3%.
La iniciativa de revisar el catastro, que tanta importancia tiene en la tributación municipal, parte de los propios ayuntamientos, que deben solicitarlo a la Dirección General del Catastro, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones.
Sin embargo, la subida o bajada del valor catastral depende del coeficiente de actualización que aprueba el Gobierno central cada año, el cual se calcula en función del último año en que se produjo la revisión de los actuales valores.
Según la tabla con los coeficientes de actualización publicadas en el Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de diciembre, a los ayuntamientos que se aplica el coeficiente más alto (1,08) son los que llevan más años sin revisar el catastro, es decir, entre los ejercicios 1984 y 1990. En el caso de Totana, la última revisión data del año 2001, por lo que, según el BOE, le corresponde aplicar un coeficiente de actualización de 1,03.
Los municipios que este año experimentarán una rebaja del catastro es debido a que su última revisión se produjo durante los años de la pasada burbuja inmobiliaria, es decir, entre 2005 y 2012, cuando los precios inmobiliarios se pusieron por las nubes. Para ajustar estos valores a la caída del mercado registrada durante la crisis, el Gobierno decidió aplicar un coeficiente inferior a 1, lo que se traduce en una reducción del valor catastral.
De este modo, en Águilas, cuya última revisión catastral se produjo en 2012, el coeficiente que aplica para actualizar el valor de sus inmuebles es del 0,91, mientras que en los otros cinco municipios en los que bajan el coeficiente es del 0,96.
En total fueron 1.830 ayuntamientos en toda España los que solicitaron la actualización de su catastro en 2018, la cual entró en vigor el pasado 1 de enero. El valor catastral es sobre el que se aplica el impuesto de bienes inmuebles, una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos.
De todos los ayuntamientos que lo solicitaron, en 1.296 subirán los valores catastrales y en 534 localidades bajarán.
Murcia es, a gran difierencia, la provincia española que menos sufrirá la revalorización del catastro. Solo uno de sus 45 municipios la aplicará, Totana, muy lejos de 124 municipios de la provincia de Burgos que subirán su valor catastral, los 109 de Ávila, los 94 de Teurel o los 84 de Huesca y de Segovia.
La subida del valor catastral afecta, además del IBI, a otra serie de tributos en los que en la determinación de la base imponible influye de forma más o menos directa el valor catastral de los bienes que posee el contribuyente. Entre otros se encuentran el IRPF, donde se declara la imputación de renta inmobiliaria en inmuebles que no son vivienda habitual del declarante ni están alquilados ni destinados a una actividad económica.
Otros impuestos que pueden verse afectados son el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En estos impuestos, la base imponible se determina por el valor que se establece en el catastro, multiplicado por los coeficientes fijados por cada administración autonómica.
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