La Justicia argentina revisa la condena a muerte del alcalde republicano Menárguez

La magistrada Severini investiga ya varios crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España, y llegó a solicitar la extradición a Argentina del exinspector Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', aunque la Audiencia Nacional rechazó entregarlo por considerar que los hechos de los que se les acusa han prescrito.

La misma argumentación esgrimió el Juzgado nº 7 de San Javier, al que en primera instancia se dirigió Menárguez en 2015, aunque la petición fue archivada, como las de todas las demás denuncias de víctimas del franquismo en los tribunales españoles. Por un lado, el juez recordó que «la Ley de Amnistía de 1977 fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas» y «ningún juez o tribunal puede en modo alguno cuestionar la legitimidad de tal proceso» En cuanto a «los tratados internacionales ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, no pueden ser aplicados retroactivamente», sentencia el juez de San Javier. Por si quedara rendija legal alguna, señala que la Audiencia Nacional es «el único órgano judicial español competente para conocer delitos que no prescriben, y este rechaza esa competencia».

Cerradas todas las puertas legales a la revisión de los casos de muertes y desapariciones en la Guerra Civil, Menárguez ha recurrido al principio de justicia universal por el que cualquier país puede juzgar crímenes contra la Humanidad, incluso los perpetrados en otra nación.

El primer querellante de la Región en el exterior ha sido Menárguez, cuyo padre fue apresado en el jardín de Floridablanca de Murcia en abril de 1939 cuando iba a encontrarse con su mujer en la puerta de la Iglesia del Carmen. «Nunca llegaron a encontrarse porque mi padre fue interceptado por un grupo de falangistas uniformados», explica su hijo.

El alcalde republicano fue encerrado en la base militar de Santiago de la Ribera. Su descendiente asegura que al militante sindicalista, quien llegó a trabar amistad con el secretario general de CNT, Ángel Pestaña, lo sometieron a torturas hasta el día de su ejecución. En la sentencia del Consejo de Guerra de Aviación del 9 de noviembre de 1939 lo castigan con la pena de muerte «como autor responsable de un delito de adhesión a la rebelión con las circunstancias agravantes de peligrosidad social». Le atribuye «robos, saqueos, incendios y violaciones» y le culpa de «alentar a las masas a cometer toda clase de desmanes».

Como prueba aporta una carta que Menárguez escribió a un sobrino y que el tribunal militar describió como «un verdadero modelo de monstruosidad marxista». La misma sentencia repara en que «la hiena roja sació sus instintos de fiera con verdadera saña» y le responsabiliza del asesinato de un sacerdote jesuita que viajaba en el coche de línea de Murcia, y de entregar a los once vecinos asesinados a manos de los marinos del acorazado 'Jaime I' en Alto del Villar. «Él no tenía delitos en su conciencia, por eso no huyó», desmiente el hijo.

Del tribunal argentino, Menárguez asegura que «no espero ya nada». «Solo he cumplido el deseo de mi padre, que nos dejó una carta, que mi madre enterró por miedo en una botella en el patio de nuestra casa, en la que nos pedía que se supiera la verdad», afirma el hijo.

La ejecución de este alcalde republicano, de profesión montador de aviones en la base de hidros de Los Alcázares, es uno más en la larga lista de casos que esperan revisión. Según el doctor en Historia Antonio Martínez Ovejero, cuya tesis doctoral analizó los crímenes de la dictadura, en la Región hay documentados más de 18.000 procesados y condenados por el franquismo, de los cuales a 1.422 los sentenciaron a muerte y 906 fueron fusilados.

«Hay constatados más de 300 murcianos muertos en las cárceles de palizas, hambre y enfermedades, pero también enviaban a algunos a los penales de Cádiz, de Barcelona y al de mujeres en Gerona», indica el historiador. Sobre el bando republicano pesan «720 ejecuciones, de las que se han comprobado más de 200 militares que se unían al alzamiento», añade Martínez Ovejero.

Para numerosas familias queda pendiente la revisión judicial de las ejecuciones, con o sin juicios previos, sobre lo que no hay unanimidad de criterios. Para el memorialista Florencio Dimas, la Ley de Amnistía de 1977 y la de Memoria Histórica actúan como tapón jurídico. «No se persigue a los criminales, pero se quiere reparar a las víctimas. Si lo aplicamos a los crímenes de ETA dejaríamos en libertad a los encarcelados», critica el estudioso de la represión, quien defiende que se declare ilegal el franquismo y se anule la Ley de Amnistía.

Para Martínez Ovejero, sin embargo, «hay que anular los juicios, y no la Ley de Amnistía, que benefició a 600.000 republicanos en Murcia. Yo mismo tendría que cumplir los 12 años y un día que me impusieron por pertenecer al sindicato». Él mismo fue interrogado por 'Billy el Niño' en un capítulo de la historia que aún sigue latente.