La ley del Mar Menor endurecerá las condiciones a los agricultores

PSOE, Podemos y Ciudadanos hicieron valer su mayoría frente al PP en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea, reunida ayer, para ampliar las medidas protectoras que deberá cumplir el sector agrícola en el Campo de Cartagena. Entre ellas destaca la obligación de destinar el 5% de cada parcela a implantar sistemas que reduzcan la contaminación, como la creación de filtros verdes para eliminar los nutrientes de los caudales tratados en desalobradoras, plantar setos de vegetación autóctona, así como revegetar taludes de embalses y tuberías, de la red de drenaje natural y artificial, vías pecuarias, linderos de los caminos públicos y privados, charcas y humedales.

'A priori' esa es una de las medidas más polémicas. Según calcula la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), su aplicación dejará sin producción más de 6.000 hectáreas de terreno agrícola y tendrá un coste de entre 486 y 547 millones de euros. En cambio, considera que tendrá un efecto «nulo» sobre el medio ambiente.

Esas tesis las hizo suyas el PP, que votó en contra de esa iniciativa. También de otra para variar los límites de las tres zonas en que está dividido el territorio de aplicación de la ley. Así, la número 1, que es la más cercana al mar y donde más restrictivas son las medidas, verá ampliada su superficie en un 80%, abarcando terrenos de la Comunidad de Regantes Arco Sur, en las inmediaciones de la autovía de La Manga. Esa ampliación también recoge parte del territorio de la Sierra Minera de La Unión, fuente importante de contaminación marina por los aportes de metales pesados y estériles a través de las ramblas. Además, la zona 2 aumentará un 36% su extensión, al contrario que la número 3, con secano y regadío sin dotación del Trasvase, cuya superficie se reduce en 18.000 hectáreas.

La oposición también decidió la obligatoria presentación de una memoria de diseño de la plantación de estructuras vegetales de conservación, la prohibición de crear nuevas superficies de cultivo o ampliar las existentes, así como restituir a sus condiciones naturales, ya sea secano o vegetación natural, las parcelas situadas fuera del perímetro de regadío legal. Los nuevos regadíos regularizados en los últimos planes de cuenca tendrán que reparcelar, recuperando las pendientes mediante pequeños abancalamientos para facilitar la infiltración del agua de lluvia y escorrentía.

El PP logró el apoyo del resto de grupos a su propuesta para limitar el cultivo intensivo en el Campo de Cartagena a un máximo anual de dos ciclos en una misma parcela agrícola, con la excepción de los cultivos hortícolas de hojas inferior a 45 días, como la lechuga y las espinacas. La finalidad es reducir el consumo de agua, de fertilizantes y de fitosanitarios.

Aún así, el Gobierno regional valoró negativamente la influencia de los partidos de la oposición en el trámite parlamentario de la ley de Medidas Urgentes. «Nos parece un gravísimo error focalizar el problema del Mar Menor en la agricultura», destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar. En su opinión, las enmiendas tendrán una repercusión negativa en «miles» de productores. «No se pueden tomar las mismas medidas en un cultivo a 300 metros de la laguna que a 36 kilómetros», añadió Jódar, para quien la actitud de la oposición ha sido hasta ahora «irresponsable».

El PP achacó a Cs los perjuicios para el campo que considera que ha tenido la tramitación parlamentaria. «Es lo más lamentable de todo, porque se ha dejado arrastrar por un partido radical y extremista como Podemos. Es una irresponsabilidad ir de su mano y de la del PSOE», dijo el diputado popular Jesús Cano.

En cambio, los grupos políticos de la oposición consideran que sus iniciativas serán un aldabonazo para cambiar el modelo productivo intensivo en el Campo de Cartagena. Así lo valoró la diputada de Podemos María Giménez Casalduero, para quien el dictamen es un «punto de inflexión» hacia una agricultura de calidad. En ello coincidió con el socialista Antonio Guillamón, para quien lo importante es adoptar medidas para resolver «en origen» los vertidos a la laguna. Ajeno a las críticas del PP, Luis Fernández, de Cs, exigió al Ejecutivo regional una ley integral para el Mar Menor.