La Fiscalía investiga a la cúpula nacional de Enfermería tras una denuncia del Colegio de Murcia

La Fiscalía de Madrid está investigando si la cúpula del Consejo General de Enfermería de España (CGE) ha podido cometer, a lo largo de las últimas tres décadas, toda una retahíla de delitos que irían desde la malversación hasta el cohecho, pasando por fraude fiscal, apropiación indebida y falsedad continuada en documento público. Las indagaciones, que comenzaron en julio, parten de una denuncia de la presidenta del Colegio de Enfermería de la Región, Amelia Corominas, y su equipo directivo. Desde Murcia se acusa a los dirigentes nacionales de montar un auténtico chiringuito para beneficio propio. Se señala, sobre todo, el papel de Máximo González Jurado, quien ha presidido el Consejo General durante treinta años (el pasado 6 de octubre presentó su dimisión). También están ya bajo la lupa de la Fiscalía su sustituto en el cargo, Florentino Pérez Raya, hasta ahora vicepresidente segundo del CGE, y Pilar Fernández, vicepresidenta primera.

Según sostiene la denuncia, el Consejo General habría creado un «entramado societario» dedicado, en parte, a la especulación inmobiliaria, un fin «totalmente ajeno» a la labor de la institución. Todo ello con fondos públicos (el dinero aportado por los enfermeros a través de sus cuotas colegiales). En concreto, se apunta a que «de los presupuestos del CGE han salido en los últimos diez años (2006-2015) hacia el entramado societario pagos directos finalistas por un total de 15,9 millones de euros». Con la llegada de Máximo González Jurado a la presidencia del CGE, en 1987, se estableció «una estrategia para obtener un control absoluto de toda la organización colegial, y poder disponer libremente de los fondos del Consejo», denuncia el Colegio de Murcia. Así, se eliminó «el tope de dos mandatos» para la permanencia en los cargos y se incrementó «de manera exorbitada las aportaciones económicas de los colegios al Consejo General». En concreto, ese incremento habría sido del 365% entre 1989 y 1996, de forma que el presupuesto del CGE «supera los 20 millones de euros». El primer paso para la creación del «entramado societario» fue, según los denunciantes, la creación en 1995 de la Fundación Salud y Sociedad (FSS). González Jurado y Pilar Fernández se «autoproclamaron» presidente y vicepresidente vitalicios de la FSS, respectivamente. La fundación adquirió un edificio en Aravaca (Madrid), que es sede social del Consejo General bajo un régimen de arrendamiento con un coste «un 300% superior a los precios de mercado de oficinas de alto 'standing' de la zona», se asegura en la denuncia. Según la documentación presentada ante la Fiscalía, el CGE desembolsó 435.000 euros en 2015 por este concepto.

Esta fundación dio pie a una sociedad mercantil, Cofunsalud S. A., que habría permitido realizar- siempre según la denuncia- parte de las actividades señaladas como presuntamente irregulares. Entre ellas, la compra de un hotel en 2011 en Benalmádena por importe de 19,5 millones. La operación fue además un fiasco porque el propietario del hotel había vendido unos meses antes la empresa, dejando tras de sí un reguero de deudas, explican los denunciantes. El hotel «permanece naturalmente cerrado desde entonces». Se solicita a la Fiscalía que investigue las conexiones entre González Jurado y el empresario hotelero, Francisco Cuns, con quien habría creado varias sociedades sin actividad aparente.

Se denuncian también otras operaciones inmobiliarias: dos proyectos de complejos sociosanitarios (uno en Majadahonda y otro en Salobreña) que no han llegado a hacerse realidad, y la adquisición de dos parcelas en Getafe. También la compra por parte de la Fundación Salud y Sociedad de un edificio en Majadahonda que según los denunciantes sería una casa con chalé para uso y disfrute de un hermano de González Jurado.