La Comunidad restaurará 29 zonas mineras de La Unión, Cartagena y Mazarrón

En diez años se pretenden analizar y restaurar los suelos afectados por la actividad minera de la Región cuyos orígenes se remontan a los íberos. Ese es el plazo que se ha marcado el Gobierno regional para ejecutar el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), que prevé desarrollar acciones en 29 instalaciones sin actividad en los términos municipales de La Unión, Cartagena y Mazarrón: desde presas a balsas, así como depósitos y escombreras de la minería metálica.

De momento, el Prasam solo es un borrador, pero se vertebrará en seis programas, que incluirán el establecimiento de una red de vigilancia, un plan de seguridad minera y programas ambientales, paisajísticos, de salud pública y urbanísticos. Seis direcciones generales son las que integran el grupo de trabajo interdepartamental que se constituyó ayer para terminar de redactar de forma multidisciplinar el documento que marcará la hoja de ruta para recuperar los suelos mineros entre 2018 y 2028. «El plan se someterá a un proceso participativo y a los órganos consultivos que proceda», avanzó el director general de Medio Ambiente, Juan Madrigal.

Una de las actuaciones que contemplará el Prasam será la elaboración de un inventario de suelos con residuos mineros abandonados y un estudio de caracterización de los suelos contaminados para determinar sus niveles de referencia, es decir, la presencia de metales pesados. Para ello, el Ejecutivo regional invertirá 270.000 euros, con aportación de Fondos Feder, que permitirán sacar a licitación durante el primer trimestre de este año la primera parte del citado estudio. Este trabajo determinará la ubicación exacta y delimitación de los distintos terrenos, tipología del suelo y metales que contienen.

Si el estudio concluye que se trata de terrenos contaminados, los propietarios estarán obligados por ley a ejecutar el proyecto de estabilización y recuperación ambiental. «Cuando el propietario no actúe, se le conminará a hacerlo con multas coercitivas y por la ejecución subsidaria», advirtió Madrigal a los titulares de algunas de las concesiones que conforman ese listado de 29 instalaciones. En el primer caso, se enfrentarían a sanciones de 3.000 a 15.000 euros al mes y, en el segundo, la Administración regional acometería los trabajos y luego se los cobraría al titular de la planta minera. «Vamos a realizar los análisis con carácter inmediato», añadió.

Estas acciones se completarán con la puesta en marcha de una red de vigilancia de los terrenos, que consistirá en un sistema informatizado que recibirá los datos de las sondas que se fijen para analizar la evolución química de los suelos. El borrador del plan establece como «zonas más afectadas» la Sierra de Atamaría, Portmán, El Gorguel, Escombreras, La Unión, El Llano del Beal, Los Belones, Los Camachos, Alumbres, La Palma, La Aparecida, El Algar, Cruz Chiquita, Los Nietos, Islas Menores y Los Urrutias. Estos tres últimos emplazamientos dan a la laguna y el plan también prevé actuar en ramblas y cauces fluviales, especialmente los que vierten al Mar Menor y las zonas ribereñas, por lo que, en algunos casos, se implicará en los trabajos a la Confederación Hidrográfica del Segura y a Demarcación de Costas.

En las metodologías de trabajo que se aplicarán en los suelos mineros, precisó Madrigal, «se procurará que sean biológicas, buscando reforzar los suelos, su sellado y, en algunos casos, su aislamiento, para evitar la biodisponibilidad: riesgos en el aire, el polvo y el traslado de sedimentos por las escorrentías». Las actuaciones incluirán labores de estabilización de balsas y presas, la canalización de pluviales para evitar infiltraciones de metales pesados en el subsuelo y labores de fitorremediación, consistentes en cubrir los terrenos con turbas, materiales bioestabilizados y enmiendas orgánicas.

La guinda será la revegetación «para fijar las partículas finas que puede arrastrar el aire». El grupo de trabajo interdepartamental del Prasam se reunirá trimestralmente, se podrá invitar a expertos y cabrá la posibilidad de convocar reuniones de trabajo de forma extraordinaria por parte de la presidencia, que se turnarán semestralmente las direcciones generales de Medio Ambiente y de Energía y Actividad Industrial y Minera.

Los vocales serán los directores generales de Ordenación del Territorio, Salud Pública, Bienes Culturales, Minas, Medio Ambiente y Medio Natural, o las personas en las que ellos decidan delegar. En ninguno de los dos casos percibirán un solo euro por este trabajo.